Un personal técnicamente especializado al Congreso
La calidad de las leyes que emanen del Congreso Nacional influirá significativamente en el desarrollo del país a todos los niveles, social, económico, educativo, cultural, político, medioambiental, entre otros, son esas leyes dictadas por nuestro Congreso Nacional las que ayudan con el fortalecimiento efectivo del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución, es por esta razón que antes de las elecciones congresuales, en donde se renuevan ambas cámaras llamo a la reflexión sobre la necesidad de un personal técnicamente especializado.
No es para nada descabellado, siempre se ha dicho que la mejor forma de juzgar a un líder es por el equipo que le acompaña, y en estos momentos queda clara la imperiosa necesidad de contar con cuerpos técnicos, especializados en áreas del quehacer nacional, tanto público como privado, tomando en cuenta el coste que significa para nuestra sociedad tener que rehacer cuestiones de legalidad ordinaria, como por ejemplo la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral que derogó la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral o más recientemente, la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, sin mencionar las leyes complementarias a la Constitución que están pendientes de presentación de proyecto o de aprobación.
Un cuerpo especializado en ambas cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, cuyo trabajo le permita revisar los proyectos de ley a priori, como forma de garantizar la concordancia de la ley propuesta con la Constitución, con los tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana e incluso con otras leyes, y no hacer revisión a posteriori, como ha pasado en la actualidad.
Como señala Sainz Moreno, la calidad de las normas se manifiesta en su claridad semántica y su claridad normativa, y esto dependerá exclusivamente del cuerpo técnico interviniente en la elaboración de las mismas; de ellas depende la inteligibilidad de los textos legislativos. Definitivamente, cuando hablamos de claridad semántica se hace referencia al uso de un lenguaje adecuado, tomando en cuenta que las normas deben ser redactadas de forma que todos los ciudadanos puedan comprenderlas. En general, se debe utilizar un lenguaje común a la hora de redactar las leyes, y es esencial que no exista diferencia entre el lenguaje jurídico empleado y el lenguaje usual, común a todos los ciudadanos.
Laporta expresa: “El lenguaje es anterior al derecho, es una habilidad humana previa en el tiempo al derecho”. Continúa explicando, además: “La redacción de la ley es la forma de articular los enunciados del Derecho en formulaciones lingüistas aptas para poder conocer el contenido de las normas que expresan; en consecuencia, una correcta redacción es la puerta de entrada al contenido de esas normas”.
Por esta razón, necesitamos que en las cámaras legislativas existan controles normativos para comprobar la calidad y precisión de la ley, además de que el personal técnicamente especializado del Congreso Nacional sean profesionales no solo del derecho, sino de otras ramas del saber que se dediquen a realizar investigaciones sobre el impacto social, económico, cultural, ambiental y hasta psicológico antes de que dichas normas sean aprobadas o la efectividad que ha tenido una ley, después de la aprobación.
Sin lugar a dudas un cuerpo técnico especializado en nuestro Congreso Nacional nos haría un gran aporte como Estado, evitaría de esta forma incluso trabas de interpretación a la hora de presentar un proyecto de Ley para su aprobación, y garantizaría de este modo legislar para la consolidación de un real Estado de Derecho.