Gobierno brasileño suaviza polémico decreto sobre el trabajo esclavo
BRASILIA. El gobierno brasileño divulgó, el pasado viernes, una nueva normativa sobre trabajo esclavo que suaviza un polémico decreto sancionado en octubre pasado y anulado por el Supremo Tribunal Federal (TSF), pues dificultaba el combate a esas prácticas consideradas inhumanas.
Las nuevas normas fueron publicadas en el Diario Oficial y ahora se limitan a redefinir lo que se califica como “jornada exhaustiva” y “condiciones degradantes”, pero mantienen las reglas anteriores al decreto anulado en octubre, mencionó Efe.
También se elimina un artículo que establecía que la divulgación de la lista de empresas sancionadas por ese tipo de irregularidades sólo podría ser hecha con una expresa autorización del titular del Ministerio de Trabajo, una atribución que vuelve a ser de las áreas técnicas y jurídicas de ese despacho.
En relación a la “jornada exhaustiva”, la nueva norma la define como “toda forma de trabajo de naturaleza física o mental que, por su extensión o intensidad, acarree una violación de los derechos fundamentales del trabajador en lo relativo a su seguridad, salud, descanso y convivencia familiar y social”.
En el texto anterior, la “jornada exhaustiva”, que se castiga con penas menores, se aplicaba a los casos en que “los trabajadores, en contra de su voluntad, sean privados de su derecho a ir y venir”, lo cual es tipificado como “trabajo esclavo” hasta en diversos acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario.
La normativa publicada en octubre pasado generó una enorme ola de críticas a la que se sumaron desde grupos de derechos humanos hasta entidades multinacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que llegó a afirmar que Brasil ponía en riesgo dos décadas de “exitosas iniciativas” en el combate a esas prácticas.
El debate lo zanjó el Supremo Tribunal Federal, que suspendió la vigencia de esa normativa, sobre la cual declaró que contenía algunos puntos que consideró de “clara inconstitucionalidad” y que podían obstaculizar el combate al trabajo esclavo.
La nueva normativa fue bien recibida por el Ministerio Público, que fue una de las entidades estatales que acudieron a la justicia para demandar la nulidad del decreto publicado en octubre.