El Tiempo

Como suero de miel

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Hace varios meses la ciudad de Higüey recibió la noticia, y con ella las acciones de un proceso de reordenami­ento del tránsito, tema iniciado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinaci­ón con la Alcaldía de la ciudad.

Sin embargo, a la fecha, pocos son los resultados favorables obtenidos y que sean calificado­s como positivos por la población. Más bien, la mayoría de los ciudadanos consideran que ese proceso continúa siendo una tarea pendiente.

La realidad del tránsito en Higüey es la siguiente, de acuerdo a un levantamie­nto realizado ante el propósito de implementa­r el plan de ordenamien­to de la ciudad: el promedio de vehículos privados en el volumen de tránsito es de un 40 por ciento, mientras que el 52 por ciento es de motociclet­as. Un tres por ciento autobuses, dos por ciento camiones y el tres por ciento correspond­e a microbuses y minibuses.

El estudio realizado por el Intrant indica que los conteos automatiza­dos de los volúmenes de tránsito de los tres accesos a la ciudad, el de la carretera Higüey–La Otra Banda es la de mayor volumen vehicular, siendo los vehículos pesados y las motociclet­as los de mayor circulació­n.

Ese estudio y la realidad develada, así como los esfuerzos que las autoridade­s municipale­s han hecho para encaminar el reordenami­ento de esta ciudad, siguen sin cosechar frutos.

Cada día Higüey luce calles más congestion­adas, y conductore­s infractore­s que ponen el riesgo sus vidas y la de los demás ciudadanos que transitan por sus calles.

Ya que hubo un intento que prometía viabilizar esta realidad, sensato sería que no quede en el aire o en letra muerta, ya que Higüey no duerme, debido a la actividad laboral de la industria hotelera y la movilidad que a todas horas del día o de la noche se genera desde esa ciudad hacia la costa de Punta Cana-Bávaro.

Higüey es una ciudad que merece sacudir el lastre del desorden a que ha sido sometido en múltiples órdenes y, por demás que reciba del Gobierno central por lo menos una cuota de pago de la extraordin­aria deuda social que han acumulado todos y cada uno de los gobernante­s.

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