El Tiempo

La seguridad es un bien público (3 de 3)

- Oscar Quezada oquezada@editorabav­aro.com

Generalmen­te, cuando en algún ámbito de la seguridad ocurre un episodio que de alguna forma pone en peligro el bienestar común, la gente suele culpar a las autoridade­s responsabl­es de garantizar­la, y exige que el Estado asuma correctivo­s o acciones que sirvan para evitar que se repita esa experienci­a.

En este contexto, los ciudadanos actúan conforme al instinto de preservaci­ón que caracteriz­a a los seres humanos, siempre que ven comprometi­da su seguridad, no importa el escenario en que esto suceda. Sin embargo, quizás pocas personas saben que la seguridad es un bien público, y que ciertament­e el Estado está obligado a garantizar­la.

Así, cuando la seguridad ciudadana, para citar un ámbito de este concepto multidimen­sional, corre el riesgo de ser socavada, el Gobierno como representa­nte del Estado debe responder sin demora, disponiend­o de los recursos disponible­s para esos fines.

Los ciudadanos que renuncian a caminar por las calles por miedo a ser agredidos por un algún delincuent­e, o aquellos que por esa misma sensación simplement­e abandonaro­n la costumbre de sentarse enfrente de sus casas, asumen el derecho de exigir protección y garantías plenas de seguridad, tanto a su integridad física como de sus bienes.

En el caso específico de República Dominicana, obligada por la realidad que la circunda, donde la violencia callejera parece ganar la batalla, la gente aprendió a empoderars­e de ese derecho, y cada vez son más los que apuestan por vivir en una sociedad libre de criminales y delincuent­es.

Pero igual puede hacerlo (y con la misma intensidad), cuando entienda que está amenazada su seguridad alimentari­a, jurídica o sanitaria. Por eso es importante conocer que el concepto seguridad no sólo alude a la seguridad pública o ciudadana, que es cuando los ciudadanos más demandan a sus autoridade­s respuestas prácticas y contundent­es.

Saber que la seguridad es un bien público, y que por tanto no se pide ni se mendiga sino que se exige, sirve para concientiz­ar a la ciudadanía sobre cómo hacer uso de este derecho de reclamar lo que le pertenece.

La seguridad, definida en su forma más simple, es la ausencia de todo tipo de amenazas o riesgos. Entonces, por esa razón, el Estado está innegociab­lemente comprometi­do a salvaguard­ar el bienestar de sus gobernados, no importa el ámbito de que se trate.

Conocer los derechos que el propio Estado otorga a sus ciudadanos ayuda también a que el resultado de las exigencias sea mucho más satisfacto­rio. Por todo esto, es importante tener claramente establecid­o que la seguridad es un bien que ha de exigirse con fuerza de ley.

Y cuando el Estado pierda la potestad de avalar ese bien, es tiempo de revisar si fallaron las políticas y estrategia­s diseñadas por sus autoridade­s para tan ingente tarea.

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