La Ministra de Salud... ¿bien o mal acompañada?
El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció anteayer, 25 de junio, la muerte de catorce niños en una sola semana, en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia de Santo Domingo.
Tanto el Director del Servicio Nacional de Salud (SNS), regente hospitalario nacional, como el Ministerio de Salud Pública, esclarecieron que la cifra era inexacta, pues no fueron catorce sino nueve, y, segundo, que los fallecimientos no ocurrieron por negligencia médica u hospitalaria ni a causa de las remodelaciones de los hospitales que a nivel nacional realiza el gobierno. Murieron por complicaciones multicausales, se afirmó.
Sean cuales fueran las causas, se trata de un bochornoso baquiní. Un récord mortal que no alcanzaron las más primitivas parteras de la historia.
Peor aún: ocurren en solo un hospital. Emblemático, por demás, del objetivo de las autoridades nacionales de salud declarado desde el 2016: reducir la mortalidad materna-infantil.
También de unos centros de atención de la red pública de salud hacia la cual el gobierno afirmó que orienta enormes esfuerzos, formación continua, protocolos de atención e importantes recursos.
Todavía más: en un centro ubicado en la ruta hacia la casa de gobierno, a varias cuadras de ella. En otras palabras, a la vista del mandatario y del país.
Algo así es una puñalada trapera a los objetivos de la ministra. Y, tanto como ello, la deportiva forma de denunciarlo. Peor aún, ese interés de justificar todo, de no asumir responsabilidades.
Ni una pena, ni un rasgo de pena, ni un apelativo al dolor familiar o nacional ante los niños muertos; ni la expresión del mínimo lamento al informar el hecho.
En la coyuntura actual, de todos conocida, matizada por una delincuencia que no cede ante ningún plan de seguridad, el gobierno no necesita otra fuente de escándalo, a menos que el objetivo sea consentir en la autodeslegitimación; en el acto primero de un gran suicidio.
Entre las causas de muerte de los infantes señaladas, el director del SNS indicó “malformaciones”.
La sola palabra tiende un vínculo hacia el Zika virus, pese a que el boletín #24 de la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) correspondiente a la semana del once al diez y siete de junio de este año 2017 —en el que los logros en control sanitarios del ministerio son ostensibles— consigna que “en relación al Zika, en la SE 24, se notificaron dos (2) casos en embarazadas de 29 y 31 años de edad con 23 y 38 semanas de gestación. Hasta la SE 24 se han notificado 13 casos sospechosos, 11 son embarazadas residentes en 6 provincias”. Sin embargo, el registro de la vigilancia sobre este virus no se incluye en el boletín, pese a que estamos en verano, pese al azote de mosquitos, pese a la persistencia de los problemas del agua en las grandes barriadas.
La doctora Guzmán Marcelino parece no estar ciento por ciento bien acompañada. Parecería que cuando señala hacia una dirección —actualmente hacia el control de la conjuntivitis—, las unidades de Salud Pública abandonan lo demás. Manga por hombro dejan las tareas y responsabilidades regulares.
Hará unos meses, ella dispuso el seguimiento a las embarazadas y a los recién nacidos, como tarea esencial para lograr el objetivo macro de la política nacional en salud: reducir la mortalidad materna e infantil. Un objetivo que se estaba logrando y que estas muertes quieren echar a tierra.
Que estas muertes de infantes ocurran por múltiples causas, al parecer desconocidas hasta el momento del parto por los médicos, nos dice que el SNS todavía debe esforzarse más en la calidad del servicio que presta a la población. Que el seguimiento a las embarazadas y a los recién nacidos puede estar en el limbo. Que muchos no están haciendo bien su trabajo.
También que el SNS y el CMD deben llamar a los médicos que atendieron a esas pacientes o a quienes debieron “darles seguimiento” para interrogarlos en torno a los causales. Advertirles que las muertes evitables no serán toleradas, que se sancionarán por crimen, falta de atención, ética y pericia.
El CMD hace bien al denunciar los hechos que afectan la seguridad y calidad de la atención en salud. Junto al SNS, debe reconocer que las muertes ocurrieron a manos de empleados del SNS que son, a la vez, colegiados suyos.
Si hay culpables en estas muertes, serían tres: del SNS, la calidad de la atención y el CMD. Especialmente cuando estos comunicaron varias reuniones con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de salud. ¿Fueron solo palabras o cortina de humo para otros fines?
Más que al Ministerio de Salud, la responsabilidad por estas muertes correspondería a los galenos, directamente a ellos, a los asociados del CMD. Y al SNS, por permitir que cosas así ocurran bajo sus jurisdicciones. También a los responsables del seguimiento a las parturientas y a los recién nacidos.
En sus declaraciones al respecto, el director del SNS debió lamentar esas muertes y prometer a la sociedad un redoblado esfuerzo en dos direcciones. La primera: mayor dedicación para realizar los objetivos nacionales de salud, entre los que prima reducir la mortalidad materna-infantil. La segunda: ejecutar la cacareada evaluación por resultado del personal bajo su cargo y eliminar la impericia.
Cobrar a la sociedad (gobierno) por un trabajo no realizado o realizado a medias también es un repugnante acto de corrupción. Más cuando se ceba de forma directa sobre los más pobres, cuando sus efectos los reciben directamente los más necesitados.
Por el bien del gobierno, llegó la hora de aplicar la ley: a ejercer el control jerárquico sobre el SNS y los hospitales.