Sugieren medidas para proteger operaciones de plantas a carbón
RECOMIENDAN MODIFICAR LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PROPONEN TAMBIÉN COMPRAR EL TERRENO DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA
La Comisión Investigadora del Proceso de Adjudicación de las plantas Punta Catalina recomendó una reforma de la Ley de Compras y Contrataciones para que el Estado negocie en mejores condiciones al momento de contratar obras públicas.
(+) Comisión sugiere recuperar los 6.5 millones de dólares pagados al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, por concepto de comisión.
La Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, designada por el Poder Ejecutivo, recomendó que se hagan reformas a la Ley de Compras y Contrataciones para que el Estado esté en mejores condiciones de negociación a la hora de contratar obras públicas.
Al rendir el informe sobre sus investigaciones, la comisión que encabeza monseñor Agripino Núñez Collado también sugirió que el Estado negocie con la familia Vicini, propietaria del terreno donde se construyen las plantas a carbón, para que adquiera la propiedad de las parcelas 136 y 137 del Distrito Catastral de la provincia Peravia para que pasen a ser propiedad del Estado debido al elevado monto de la inversión.
Además de Núñez Collado integran la comisión Servio Tulio Castaños Guzmán, Jaime Aristy Escuder, el empresario José Luis Corripio, Celso Marranzini, Pedro Brache, Gabriel del Río, Persio Maldonado y Jorge Runos Cabrera.
Asimismo, consideran que una vez terminadas las plantas y se designe su administración, el Estado debe asegurarse de que no caiga en manos de un competidor en el sector eléctrico.
Igualmente, sugieren al gobernante recuperar a la mayor brevedad posible los 6.5 millones de dólares pagados al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, por concepto de comisión de compromiso para el financiamiento de la obra.
El informe apunta que el BNDES iba a ser la entidad financiera que respaldaría económicamente la construcción de las plantas, pero en octubre de 2016 anunció que detendría el flujo económico a empresas que estaban vinculadas a casos de soborno en la región, en referencia a la constructora Norberto Odebrecht, afectándose así los desembolsos a las plantas Punta Catalina.
Recomiendan, además, que la ceniza resultante del proceso de combustión del carbón se venda a igual precio a los adquirientes sin importar el destino que tenga la misma.
Aspectos de la licitación
“La Ley de Compras y Contrataciones carece de elementos que pudieron incrementar la capacidad del Estado de tener mejores negociaciones en las compras públicas”, expresa el informe, que además consigna que no encontró pruebas que demuestren que el precio acordado en el contrato de 1,945 millones de dólares para la construcción de la obra, haya sido sobreevaluado.
Según el informe, la comisión consideró que el comité de licitación debió tener un mejor control, porque se pudo haber logrado un mejor equilibrio técnico si se hubiese incluido a un representante de la Superintendencia de Electricidad y otro de la Comisión Nacional de Energía.
Asimismo, sostiene que es recomendable para el futuro que la mayoría de los miembros de un comité de licitación no trabajen en la empresa licitante.
Al rendir ayer el informe encomendado por el presidente Danilo Medina cuando designó la comisión por decreto, los integrantes también establecieron que el origen de los atrasos en la construcción está asociado a las dificultades que ha tenido el Estado para cumplir con el cronograma de pagos por hitos que está pautado en el contrato, lo que podría generar costos adicionales significativos al Estado. No obstante, la comisión dijo que no está convencida de que el atraso de los pagos del gobierno y/o CDEEE tal como indicaron los miembros del consorcio y algunos funcionarios, sea la causa fundamental de los atrasos que tiene el proyecto Punta Catalina en la actualidad.
“Hemos comprobado que la CDEEE ha estado pagando los hitos sobre la base del contrato ofertado de 2,040 millones de dólares, a pesar de que el precio finalmente acordado fue de 1,945 millones de dólares, sobre la base de una ingeniería de valor”, dice el informe leído por Aristy Escuder. También determinaron que las cuatro empresas dominicanas que en un principio fueron preseleccionadas para optar por el contrato, no pasaron por la presentación de credenciales, lo que representa una debilidad.
No hallaron sobrevaluación
Los integrantes de la comisión dijeron que no encontraron pruebas que demuestren que el precio acordado en el contrato de US$1,945 millones para la construcción de la obra haya sido sobreevaluado. Agregan que de acuerdo con las averiguaciones que realizaron y las conclusiones de la firma FTI Consulting, entidad contratada para ayudar con la búsqueda, Punta Catalina tiene un costo 6% menos que el promedio de otras plantas similares en Latinoamérica.
Aprobación del proyecto
Sobre los sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht para conseguir contratos de obras en el país, estando entre esas obras que fueron adjudicadas y otorgadas mediante el pago de sobornos a través de Ángel Rondón a funcionarios del país supuestamente Punta Catalina, la comisión pidió al Procurador aclarar la situación.
“En virtud de lo anterior, esta comisión remitió al Procurador para que confirmara de manera formal la función del expediente sobre Punta Catalina y como respuesta se recibió el 9 de junio de este año una comunicación donde se establece que en ninguno de los documentos suministrados por las autoridades de Brasil se indica que hayan sido pagados sobornos para el proceso de adjudicación ni para el contrato del proyecto Punta Catalina”.