Doble moral estrábica

Ciertas organizaciones de la sociedad civil llevan años reclamando la selección de “jueces apartidistas”, y en esas andanzas no paran de cuestionar, criticar y desmeritar a los ciudadanos que integran las llamadas altas cortes --en su mayoría juristas honestos y de alta calificación profesional--, atribuyéndoles supuestos vínculos con partidos o con líderes políticos.

Entre esos críticos figuran individuos ubicados en organizaciones de todos los colores y matices, desde la bien financiada Participación Ciudadana y el “hercúleo” Consejo Nacional de la Empresa Privada, pasando por centros de pensamientos y fundaciones, hasta grupúsculos de presión “de único dueño”, así como también dirigentes del partidismo tradicional que adversan al PLD.

También figuran opositores de nuevo cuño que ahora reclaman consensos a pesar de haber aplaudido y defendido las decisiones del Consejo de la Magistratura del 2011 que seleccionó a los actuales magistrados, bajo un modelo menos inclusivo que el que se plantea en la actualidad y que en muchos casos, cuando les correspondió elegir jueces, lo hicieron a partir de un reparto vulgar.

Sin embargo, al conocerse los inscritos como candidatos a ocupar asientos en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Superior Electoral, sobresalen muchos propuestos y patrocinados por esas organizaciones y sectores políticos… La mayoría disfrazados. Es honesto reconocer que el Conep propuso 19 profesionales a esas posiciones de forma pública y responsable.

Resalta también que algunos de los candidatos propuestos participan de manera activa en el grupo denominado “Iniciativa para la Institucionalidad Democrática”, desde donde se dedican a presionar por una “reforma política” y a “supervisar” la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y ahora las labores del CNM, poniendo de manifiesto que su problema no es que designen o no a “jueces políticos”… Lo que quieren es que pongan a los suyos.

Observemos este ejemplo: A pesar de que tres de los cuatro nuevos asientos a llenar en la Suprema Corte de Justicia pertenecen a la Primera Sala --la Civil y Comercial--, donde eventualmente están supuestos a llegar centenares de litigios civiles y comerciales que se conocen en última instancia, nadie se escandaliza cuando el Conep propone candidatos para esos cargos, en obvio conflicto de intereses.

Los casos de contenido político que llegan a la Justicia son mínimos, incluso los que podrían conocerse si de la actual coyuntura se generaran las sinergias que impongan algún régimen de consecuencias sobre la corrupción… Pero a esa patética sociedad civil sólo le preocupan los “jueces políticos”… Los “jueces empresariales” les son indiferentes.

Bajo esa premisa estrábica y miope, los jueces que proponen los políticos no pueden actuar con independencia de sus patrocinadores, pero sí lo pueden hacer los que sugieren los empresarios o los grupos financiados por agendas ajenas al interés nacional, que lógicamente irían a esas cortes a defender los intereses de sus promotores.

Los empresarios --como cualquier otro grupo social y económico--, tienen derecho a sugerir y presentar candidatos a las altas cortes. Además, es saludable que lo hagan porque de esa forma se enriquece el proceso y mejoran las posibilidades de superar trabas y vicios que todos sabemos existen en la Justicia dominicana. A fín de cuentas, no importa quién presente a un candidato en virtud de que nadie debe ser cuestionado ni descalificado por la procedencia de su patrocinio, sino valorados por sus condiciones morales y profesionales. Lo que espera la sociedad de sus altas cortes es que independientemente de las simpatías, preferencias, intereses, amistades o deudas de gratitud que puedan tener sus miembros, sus decisiones se circunscriban única y exclusivamente a la Constitución y a las leyes y que actúen con la venda de la Diosa Themis.

No es incorrecto que los actores sociales hagan propuestas para ocupar funciones que se designan por delegación. Lo poco serio es criticar, desautorizar y desconsiderar a profesionales serios, atribuyéndoles a vínculos políticos su inclusión en un órgano constitucional, para al mismo tiempo salir a cabildear cuotas para los sectores e intereses que representan…

… Porque eso tiene un nombre: ¡doble moral patética!