Culpan a Gobierno de ingreso haitianos
Dos hombres haitianos empujaban laboriosamente en medio de una avenida un triciclo lleno de cocos con una sombrilla. Aunque esta servía para taparles del sol del mediodía, no lo hacía lo suficiente porque estaba rota, mientras que una mujer sentada en una silla bajo el mismo sol vendía golosinas a las personas que pasaban por la zona.
En una esquina un joven cortaba frutas en un pequeño vehículo, y más adelante una familia haitiana paseaba a una niña en un coche.
Como obreros, vendiendo cocos y frutas tropicales, o simplemente ofreciendo servicios de transporte como “motoconcho”, son solo algunas de las actividades informales que hacen cada día haitianos para ganarse el pan en las calles de Santo Domingo, según lo observado en un recorrido realizado por reporteros de Listín Diario en Santo Domingo.
Pero el caso no solo es en la capital. Ocurre en muchos puntos del país.
La Alcaldía de Santiago, como una medida de frenar la situación, reiteró el fin de semana la prohibición de actividades comerciales informales si el estado migratorio de la persona no está esclarecido, y el lunes desmanteló casetas que utilizaban haitianos para realizar actividades comerciales.
En el país se percibe que hay un aumento de la migración ilegal haitiana.
Antonio Pol Emil, director del Centro Cultural Dominico-Haitiano presentó su posición sobre el tema y a pesar de que no negó la existencia masiva de haitianos en el país, confesó que una gran cantidad de estos son ingresados por el Gobierno dominicano.
Explica que las autoridades dominicanas permiten que en las construcciones de obras estatales haya mano de obra ilegal haitiana y que lo correcto sería tener una política migratoria de control y no de persecución diaria. Emil dijo que la política migratoria debería consistir en que los haitianos vengan al país a trabajar, duren un período de tiempo determinado y luego regresen a Haití.
Al ser cuestionado si conocía una cifra aproximada de haitianos indocumentados afirmó que ni siquiera el Gobierno sabe ese dato y que es imposible afirmar una cantidad específica si no se ha realizado un censo. Recomienda que para resolver el problema de migración ilegal, el gobierno debe tener una política migratoria justa y no mediante la violación de los Derechos Humanos.