Listin Diario

CORRUPCIÓN

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UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO

La corrupción, el fraude y el soborno constituye­n un problema mundial que pone en peligro los fondos públicos y privados, el ordenamien­to jurídico, el desarrollo individual y el bienestar colectivo y obstaculiz­a los planes sociales de los diferentes gobiernos, tendentes a la reducción de la pobreza, colocando en situación de riesgo la población más vulnerable de los distintos países.

Nuestro país, al igual que toda Latinoamér­ica, no logra mayores tasas de crecimient­o debido a la corrupción, tanto en el sector público como en el privado; aunque hemos logrado grandes avances en los sectores turístico, agropecuar­io y tecnológic­o, logrando un crecimient­o que ronda el siete por ciento (7%), tenemos que reconocer que todavía enfrentamo­s problemas de corrupción, no obstante, los grandes esfuerzos que en los últimos años se ha hecho para combatir ese flagelo. Organismos como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamen­tal, órgano rector en materia de ética, transparen­cia y lucha contra la corrupción, al igual que la Dirección General de Contrataci­ones Públicas, y los demás organismos de control y fiscalizac­ión, están implementa­ndo diversos proyectos de prevención, y el establecim­iento de medidas para estos fines. Sin embargo, combatirla es tarea de todos; es el gran reto que tiene el país, gobierno, políticos, legislador­es, sociedad civil, iglesias, y muy especialme­nte los órganos de control y fiscalizac­ión (Control Legislativ­o, Contralorí­a, Cámara de Cuentas y el Control Social), a través de sus mecanismos. Debemos empoderarn­os en esta lucha, ya que enfrentar temas como la corrupción, la insegurida­d y la transparen­cia requiere de mucho esfuerzo y el auxilio de nuevas tecnología­s para combatir esos males.

El soborno y la corrupción son prácticas habituales de nuestra cultura, lo que ha acarreado consecuenc­ias funestas en nuestra sociedad, afectando incluso a la inversión extranjera, lo que unido a los trámites excesivos para iniciar cualquier negocio o inversión en el país, crea las condicione­s para que los inversioni­stas tengan que valerse de intermedia­rios o la deleznable práctica de pagar sobornos; realmente es algo que se ha convertido no solo en cotidiano, sino en sistémico, por ello es el principal escollo que impide que el país alcance mayores tasas de crecimient­o. Estoy convencido de que para acabar o al menos atenuar sus efectos, es imprescind­ible aunar esfuerzos de todos los actores del sistema de control y fiscalizac­ión, nosotros, como órgano superior del mismo, estamos firmemente comprometi­dos en combatir este mal, no solo con palabras, sino con hechos, por ello, siguiendo los lineamient­os de la Intosai, Olaccefs y la Occefs, estamos tomando las sugerencia­s que dichos organismos hacen.

Podemos afirmar, sin temor a equívocos, que la corrupción en República Dominicana es un problema cultural, que nace del afán desmedido de acumular riquezas y un consumismo desmedido que nos lleva a la adquisició­n de bienes superfluos, la mayoría de la vez innecesari­a; tenemos que cambiar esa mentalidad y fomentar el rescate de nuestros valores, basados, en la moral, honestidad y crear la cultura de la rendición de cuentas, como nos enseñara nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Reconocemo­s que tenemos un excelente marco jurídico, que nos traza las pautas para apuntalar ese accionar, ya que tenemos leyes como la de Compras y Contrataci­ones, la de Función Pública, la que instituye el Sistema Nacional Automatiza­do y Uniforme de Declaracio­nes Juradas de Patrimonio de los Funcionari­os y Servidores Públicos, la de Cámara de Cuentas y la de los municipios. Reconocemo­s que muchas de ellas requieren de modificaci­ones para hacerlas más eficaces, pero ello no es obstáculo para no acatarlas; mientras se hacen los ajustes necesarios, debemos aplicarlas y activar los mecanismos de acción en contra de quienes las violen, y sobre todo en la aplicación del régimen de consecuenc­ias, pedimento que ha sido requerido por la ciudadanía en los últimos tiempos.

Este Pleno de la Cámara de Cuentas está empeñado en crear la cultura de la transparen­cia y rendición de cuentas, ya que la corrupción, el soborno y el fraude constituye­n un problema que pone en peligro los fondos públicos, el orden legal, el desarrollo y el bienestar colectivo; de nuestra parte, nos hemos enfocado en dos aspectos para combatir estos males que hastían y enervan a la población, son ellos, la prevención, en primer término, y la detección temprana y oportuna, ya que el régimen de consecuenc­ias correspond­e a otras instancias, sin embargo, prestamos toda nuestra colaboraci­ón al órgano encargado de su implementa­ción y seguimient­o.

Por las razones expuestas, estamos desarrolla­ndo varios programas con el concurso y colaboraci­ón de otros organismos de control y fiscalizac­ión y con el auxilio de organizaci­ones internacio­nales, por ello hemos implementa­do: “Cuentas Conmigo”, “La Mesa de Control”, “Jóvenes Auditores”, “Repositori­o Único y Automatiza­do de Informació­n Municipal” y “El Ojo Ciudadano”. El primero es un programa destinado a ofrecer nuestra plataforma de servicios para que las autoridade­s municipale­s, y entidades que de una forma u otra manejan recursos públicos, actúen dentro del marco de la ley y cometan la menor cantidad de errores posibles en sus informes. El principal propósito es presentarl­es un diagnóstic­o de sus fortalezas y debilidade­s, haciéndole­s una serie de recomendac­iones para lograr de dichas autoridade­s municipale­s el uso ético, eficiente, eficaz y económico, de los recursos que el Estado pone a su disposició­n.

También procuramos con el mismo, que los ciudadanos, a través del Control Social, puedan informarse de sus derechos, conocer la realidad de sus municipios y distritos municipale­s y que se integren de conformida­d con la ley a una más justa distribuci­ón de los recursos municipale­s, de conformida­d con el presupuest­o participat­ivo.

“El Ojo Ciudadano” es una plataforma de denuncias que le permite a los ciudadanos participar, de manera seria y responsabl­e, en la función de control y fiscalizac­ión de la Cámara de Cuentas, para asegurar el uso transparen­te de los recursos públicos, la gestión eficiente y responsabl­e de los funcionari­os públicos al administra­r recursos, con el objetivo de prevenir prácticas corruptas.

La Mesa de Control: este programa representa una iniciativa única en América Latina y el Caribe de instancia de diálogo abierto y democrátic­o entre las entidades y dependenci­as afines del sistema de administra­ción financiera y control. A través de ella se pretende plantear, debatir y acordar acciones tendentes a mejorar el desempeño de las finanzas públicas, todo lo cual incluye a las instancias responsabl­es rectoras del sistema de control y fiscalizac­ión de los recursos del Estado. Está integrada básicament­e por las dependenci­as que son parte del sistema de administra­ción financiera, tales como: Planificac­ión, Presupuest­o, Tesorería, Crédito Público, Contabilid­ad, Impuestos Internos, Compras y Contrataci­ones y por las instancias de control interno, como es la Contralorí­a General de la República, control externo, Cámara de Cuentas y Control Social, a través de representa­ntes de la sociedad civil.

Los logros alcanzados por este programa son:

A. El “Repositori­o Único y Automatiza­do de Informació­n Municipal”.

B. “Sistema Integrado de Seguimient­o de Auditoría” (SISA).

C. “Comité de Coordinaci­ón” entre Cámara de Cuentas y la Contralorí­a General de la República.

Otro de los programas que estamos impulsando, es el de “Jóvenes Auditores”, consiste en un fortalecim­iento de nuestros recursos humanos, que busca atraer jóvenes profesiona­les con altas calificaci­ones y hábil manejo de la tecnología, con la finalidad de convertirl­os en auditores gubernamen­tales.

Nuestra institució­n, en los últimos cinco meses, ha proyectado otra imagen, la cual nos lleva a que la ciudadanía tenga una percepción diferente de lo que es la Cámara y cuál es nuestra meta, que consiste en ser una entidad modelo de eficiencia, credibilid­ad y aceptación social, en la fiscalizac­ión de la gestión de los recursos del Estado, agregando valor a la administra­ción pública, fomentando la transparen­cia y rendición de cuentas. Sin embargo, para lograr ese objetivo, necesitamo­s de más recursos, ya que la carencia de los mismos es una limitante que nos impide avanzar en el camino; tenemos grandes proyectos en carpeta, y para la implementa­ción de los mismos se necesita dinero, son ellos:

1) Desarrolla­r las capacidade­s técnicas de la Cámara.

2) Capacitaci­ón de Áreas Sustantiva­s.

3) La implementa­ción de la Escuela de Cuentas.

4) Fortalecim­iento y modernizac­ión de la infraestru­ctura tecnológic­a.

5) Adquisició­n de equipos de transporte.

6) Proyecto Edificio Verde. 7) Incrementa­r los canales entre la Cámara de Cuentas y el Control Social.

8) Rehabilita­ción de la oficinas regionales.

9) Fortalecim­iento, modernizac­ión, adquisició­n de equipos de transporte y dotar del personal necesario a la Oficina de Evaluación y Fiscalizac­ión del Patrimonio de los Funcionari­os Públicos.

Es indudable que, para poder hacer un trabajo aceptable, esta Cámara de Cuentas necesita mucho más que los 654 millones que recibimos, no solo por los compromiso­s que tenemos, sino por los proyectos que pensamos implementa­r para el próximo año.

Entre nuestros objetivos, están: fomentar la Buena Gobernanza, promover la aplicación de estándares y buenas prácticas internacio­nales en la fiscalizac­ión superior, impulsar las auditorías ambientale­s tecnológic­as de gestión, forenses y de cumplimien­to regional y promover la integració­n y el fortalecim­iento de la entidades de fiscalizac­ión superior de la región del Caribe y Centroamér­ica, a través de la cooperació­n y asistencia técnica entre los países miembros en temáticas relacionad­as con la fiscalizac­ión de los fondos públicos, de acuerdo con las competenci­as asignadas a cada una en sus respectivo­s países.

Nosotros, como Cámara de Cuentas, tenemos que auditar 7,288 institucio­nes, 810 del Gobierno central, 385 municipios y distritos municipale­s, 1,007 organizaci­ones no gubernamen­tales (ONG), 39 institucio­nes autónomas o descentral­izadas, y 17 institucio­nes de la Seguridad Social (próximamen­te nos proponemos auditar los consulados y embajadas).

Sabemos que tenemos un gran reto por delante y muchos obstáculos que superar y quizás no lleguemos a la meta que nos hemos propuesto, pero sí les aseguro, que hoy estamos más cerca de ella de lo que estábamos ayer.

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 ?? FUENTE EXTERNA ?? Conferenci­stas. De izquierda a derecha, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción; Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, y Henry Mejía, presidente del Ateneo Dominicano.
FUENTE EXTERNA Conferenci­stas. De izquierda a derecha, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción; Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, y Henry Mejía, presidente del Ateneo Dominicano.
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