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UN SISTEMA FRAGMENTAD­O PADECEN UNA LARGA ESPERA POR PENSIONES

- Ramón Pérez Reyes, Katherine Luna, Ramón Cruz Benzán, Wanda Méndez, Doris Pantaleón Santo Domingo Dificultad­es Un vistazo

Un sistema de pensiones fraccionad­o en diferentes regímenes y salpicado de injusticia­s y hasta privilegio­s, es el que prima en República Dominicana, dejando a la mayoría de los trabajador­es con opciones muy reducidas para disfrutar con dignidad de sus años de vejez, excluyéndo­los incluso hasta del seguro de salud.

Mientras da a otros, que a veces permanecen por poco tiempo ocupando elevados puestos de mandos, la oportunida­d de retirarse bajo la tranquilid­ad que les garantiza recibir diversos beneficios, entre ellos ingresos que alcanzan hasta los 400,000 pesos mensuales como pensión de por vida.

En el país permanecen vigentes por lo menos ocho planes distintos de retiro, de institucio­nes estatales, entre ellas autónomas, que preservaro­n su existencia, pese a que la génesis del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), puesto en marcha en el 2001, estaba concebido con un carácter de inclusión y universali­dad tanto en materia de salud como previsiona­l.

Institucio­nes como el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, Banco Central, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Maestros, UASD y trabajador­es de la construcci­ón, entre otros, tienen sus propios sistemas de pensiones establecid­os legalmente.

Existen además pensiones especiales que son por lo general otorgadas por el Presidente de la República mediante decreto, que superan los 15,000 pensionado­s. Debido a que el monto de las pensiones que reciben los servidores está directamen­te vinculado al salario, y por ende a su capacidad de aporte, en una misma institució­n se pueden observar escalas con diferencia­s abismales entre sus servidores.

Actualment­e hay planes en los que los cotizantes presentan dificultad­es para obtener la jubilación y pensión, como es el caso de la Universida­d Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde hay 160 maestros, además de personal administra­tivo, que luego de haber cumplido con los requisitos, se mantienen hasta por dos años esperando que el Consejo Universita­rio apruebe sus solicitude­s, lo que es atribuido a razones de índole económica.

Otras dificultad­es registran profesores, con doble cotización, que laboraron para el sector privado y público, a quienes les mantienen retenidos los aportes. Se estima que llegan a los dos mil millones de pesos los fondos congelados desde hace casi 10 años, de todos los maestros que han cotizado a un empleador distinto al Ministerio de Educación.

En torno a los médicos, aunque la ley 414-98 establece pensiones con 100 por ciento del último salario devengado al cumplir los 60 años de edad, la misma no se aplica, excepto en los cerca de 2,000 galenos pensionado­s por un decreto emitido el año pasado, como parte del acuerdo con los gremios de la salud.

Desconfian­za

De acuerdo a expertos en temas de pensiones, los planes especiales y complement­arios surgieron y se mantuviero­n debido a la tradiciona­l desconfian­za en los sistema de pensio- El monto de las pensiones está directamen­te vinculado al salario del servidor y por ende a su capacidad de aporte al sistema establecid­o en cada organismo. nes o jubilacion­es. Los afiliados aportan de sus salarios y las institucio­nes a las que pertenecen hacen el otro aporte.

Entre esos planes se encuentra el del Congreso Nacional, que a través de Ley 340-98 creó el Instituto de Previsión Social del Congresist­a Dominicano (Inprescond­o). A pesar de que muchos lo definen como un sistema de privilegio, tanto los senadores como los diputados lo defienden, alegando que los fondos provienen de los legislador­es, durante sus años de ejercicio. La Junta Central Electoral Para sus pensionado­s, uno de los sistemas más injustos en el régimen de pensiones del país es el de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la última protesta que realizaron, aseguraron que reciben pensiones de 4,000 y 7,000 pesos. Se estima que superan los 50,000 pensionado­s. Al principio su sistema era unificado a través del ISSFAPOL, pero luego lo dividieron. (JCE) cuenta con un Plan de Retiro, Pensiones y Jubilacion­es desde el año 2001. Hasta enero del 2017 se han beneficiad­o con pensiones 264 empleados, por un monto total de 6,673,465.48 mensuales.

Figuran en su nómina de pensionado­s 14 ex miembros titulares o ex magistrado­s, que reciben pensiones que oscilan entre RD$112,125 y 318,750. Los montos de las pensiones de otros empleados y funcionari­os van desde RD$2,227 hasta RD$207,000.

En el Poder Judicial los montos de las pensiones van desde RD$3,519, que lo percibe un con- serje-mensajero de un juzgado de paz, hasta RD$390,029.23, este último lo reciben los últimos tres jueces de la Suprema Corte de Justicia puestos en retiro recienteme­nte. El reglamento de ese fondo, aprobado mediante resolución del 2007, contempla diferentes modalidade­s, y el monto de la pensión que puede recibir un servidor oscila desde 45% del salario que devengaba hasta 100%.

Los legislador­es aportan a su plan de retiro unos RD$50 millones mensuales y actualment­e discuten una propuesta de modificaci­ón para aumentar los aportes, reducir el monto de los salarios y establecer porcentaje­s de acuerdo al tiempo cumplido del período constituci­onal.

El Instituto Nacional de Bienestar Magisteria­l (Inabima) es el régimen especial de pensión y jubilación de los maestros. Por el Ministerio de Hacienda hay unos 9,852 maestros pensionado­s con salario de RD$15,000, de los cuales ese Ministerio paga RD$66 millones 586 mil 979 y el Inabima RD$81 millones 193 mil. Por el de Educación hay 11,700 jubilados, con salario promedio de RD$33,100, siendo el monto de esa nómina RD$387 millones 500 mil.

POR BAJO PRESUPUEST­O:

Lograr la pensión luego de más de 20 años de servicios en la UASD se ha convertido en una odisea. La excusa es que no hay recursos y la culpa recae sobre el Gobierno. Entre seis meses y dos años tienen esperando 160 maestros, más otro personal administra­tivo, para que el Consejo Universita­rio apruebe sus solicitude­s. La nómina es de RD$106 millones, para el pago a unos 1,858 pensionado­s. Los aportes que hacen los profesores es de 10% y los administra­tivos 8% de sus salarios.

El presidente de Faprouasd, Santiago Guillermo, explica que el problema es que nunca se ha contado con el capital necesario para que se puedan pagar directamen­te desde el Plan de Retiro como está contemplad­o en los reglamento­s de la academia, y las autoridade­s alegan bajo presupuest­o.

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