Por una vuelta a un Congreso unicameral
En el año 2008, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Julio César Valentín, propuso que se aprovechara la modificación constitucional para convertir el Congreso Nacional en unicameral. La propuesta fue rechazada y la Constitución del 2010 reafirmó un congreso bicameral y aprobó un Senador por cada Provincia más el Distrito Nacional y una Cámara de Diputados compuesta por 178 Diputados más 5 nacionales y 7 de ultramar.
A propósito de esta propuesta, el jurista experto en derecho constitucional Cristóbal Rodríguez escribió un artículo sobre este tema publicado en el periódico Clave Digital, el 11 de julio del año 2008, en el cual analiza las razones planteadas por Valentín y expone una serie de ideas para sustentar la necesidad de promover un debate sobre bicameralismo versus unicameralismo en la República Dominicana.
Recientemente la socióloga Rosario Espinal expone la inutilidad de tener dos cámaras legislativas y el consecuente despilfarro económico que esto genera para el Estado, con lo cual se pone de nuevo este tema sobre el tapete. Me confieso partidario de la propuesta de convertir al Congreso Nacional en unicameral. No pretendo hacer un análisis sobre mis razones para inclinarme por este tipo de sistema. Me remito a los argumentos muy bien sustentados planteados por el doctor Rodríguez en el artículo precedentemente mencionado y que invito a consultar.
Muchos son los argumentos esgrimidos por aquellos que han defendido una u otra forma de composición parlamentaria. Razones económicas, jurídicas y políticas que deben ser analizadas y debatidas a profundidad por todos los sectores de la sociedad dominicana. Sin embargo, y a modo de ampliar la discusión, me gustaría reiterar algunas inquietudes que he venido planteando en diferentes artículos durante muchos años.
En el año 2006, publiqué un artículo que titulé: “¿Sabemos quienes son nuestros legisladores?” En ese trabajo exponía que uno de nuestros problemas como sociedad y democracia lo constituía el desconocimiento de la población sobre quienes son los legisladores que los representan o cuales son sus enfoques sobre las principales problemáticas que afectan nuestro país. Por una combinación de indiferencia, ignorancia y cansancio, no existe en el dominicano una cultura de participación. Nuestro sistema político partidario, clientelar o asistencial, crea un electorado anestesiado y una cultura de oscurantismo político.
Por estas razones, creo pertinente ese debate propuesto, que persiga una reforma legislativa profunda y participativa que incluya, no sólo una necesaria discusión sobre una posible vuelta a la unicameralidad, sino también que promueva la educación del elector y, conjuntamente con la modernización de los partidos políticos, democratizándolos por dentro y convirtiéndolos en reales instrumentos de intermediación entre la población y el Congreso, desmitificar los rituales de la elección que hacen éstos a los cargos electivos, creando mecanismos más estrictos y rigurosos para acceder a un cargo legislativo.
Una sola cámara permitiría a la sociedad civil estar más enfocada del proceso legislativo y con una mejor capacidad para incidir en la elaboración de las leyes. Sería más fácil establecer responsabilidades en aquellos casos en que los ciudadanos terminamos siendo afectados con los resultados. Pero además, se reduciría enormemente el gasto legislativo, que se ha demostrado es bastante alto y tendríamos un ahorro económico significativo.
Precisamente este 23 de agosto, el Senado de la República aprobó el proyecto de su presupuesto interno, nada más y nada menos que la exorbitante cifra de dos mil 575 millones 779 mil pesos. ¿Para qué nos sirve un inversión tan alta? De acuerdo al informe “Reporte Iniciativas Legislativas por Senadores”, la labor legislativa de los senadores en el período 2010-2016 produjo 2,141 iniciativas, proyectos de leyes y resoluciones, de las que 53% fueron aprobadas, unos 1,156 de estos proyectos. Una producción muy pobre para un legislador que nos cuesta mucho. Según un informe del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), la República Dominicana fue el séptimo país de América Latina con mayor gasto legislativo en el año 2015. Después de Uruguay, Argentina y Panamá, tenemos el Congreso más costoso por habitantes. Un cuerpo legislativo caro, muy caro, es el que tenemos los dominicanos.
Para construir una verdadera representatividad debemos procurar hacer más productiva la labor legislativa, reduciendo significativamente el enorme presupuesto del Congreso, maximizando los recursos y enfocándonos en la profesionalización del ejercicio de legislador. Iniciemos un debate serio y responsable sobre este tema, sin demagogias, despojados de la farándula política que nos rodea.
¡Vamos!