Trabajadores demandan a Odebretch por desahucio
Un grupo de 53 soldadores especializados interpuso una demanda laboral contra el Consorcio Odebretch/ Tecnimont/ Estrella, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la reclutadora de personal RATZ Consulting a quienes acusan de un desahucio irregular.
Los trabajadores de nacionalidad colombiana, reclaman el reintegro a sus puestos de trabajos, el pago de los salarios y derechos adquiridos y en reparación de daños y perjuicios.
En una nota enviada a los medios de comunicación, los trabajadores extranjeros alegan que fueron traídos al país para laborar como soldadores industriales en el proyecto Punta Catalina con un contrato de trabajo que les garantiza permanecer en sus labores por un periodo de 20 meses y fueron desahuciados cuando solo tenían 3 meses de trabajo.
La demanda fue interpuesta por los abogados Lionel Correa Tapounet, Juan Ramón Rosario Contreras y Joaquín Luciano ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Baní en mayo pasado y será conocida en audiencia de fondo el jueves de esta semana, 31 de agosto.
Los abogados de los demandantes sostienen que “estos trabajadores fueron contratados por un periodo de 20 meses, por lo tanto debía garantizarse ese período a menos que hubiera algún incumplimiento o falta por parte del trabajador, que no la hubo”.
Detallan que “por ser un contrato cerrado a 20 meses no aplica el desahucio. Si la empresa entendía la existencia de una falta por parte de los trabajadores el trámite procedente era un despido, pero un despido obliga al empleador a invocar una causa, alegar una razón, notificarla al Ministerio de Trabajo y probarla ante un tribunal. De no ser aprobado, se declara injustificado el despido y se condena al empleador a pagar prestaciones laborales”.
Los trabajadores fueron contratados con un salario de US$1400 mensuales por un período de 18 a 20 meses según el caso. Han interpuesto una demanda que en conjunto asciende a más de US$1,700,000 por prestaciones laborales, más US$100,000 para cada soldador por daños y perjuicios. Estos reclamos suman US$7.0 millones.
El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, reveló ayer que los recursos del encaje legal liberados desde diciembre del pasado año no han beneficiado a las pymes de la construcción.
Explicó que las empresas afiliadas a Copymecon cumplían con los requisitos para aplicar a esos recursos, sin embargo, fueron rechazadas. Sostuvo que al parecer esos fondos estaban destinados a un “uso específico”, y señaló al Proyecto Inmobiliario “Ciudad Juan Bosch”.
Cristopher llamó la atención del presidente de la República, Danilo Medina, para que por su empeño en favor de las Mipymes haga posible que, cuando se liberalicen recursos del encaje legal, se cree un fondo especial para las pequeñas y medianas empresas.
“Llamamos la atención del presidente de la República debido a que no podemos dejar que RD$16,500 millones favorezcan solo a 24 o 25 empresas cuando tenemos miles de empresas en distintas partes del país”.
Indicó que están atentos a la reciente liberalización de RD$4,000 millones del encaje legal que dispuso la Junta Monetaria para el sector de las Mipymes, para verificar que los mismos sean facilitados a las empresas de ese sector.
Sostuvo que como no tuvieron acceso a los fondos liberalizados en diciembre, han recurrido a la banca tradicional. “Pero, para que usted tenga una idea la banca tradicional de un 12% a un 16%, sin embargo, ese dinero que obtuvieron las empresas del encaje legal lo consiguieron a un 6%”, enfatizó Eliseo Cristopher al participar en el lanzamiento del programa “Educando en Seguridad Social”, organizado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). El ministro de Agricultura, Ángel Estévez, juramentó ayer la Comisión de Ética Pública (CEP) de la entidad con el objetivo de fomentar el correcto proceder de los servidores públicos y acatar las disposiciones del Poder Ejecutivo y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Estévez expresó que dicha estructura es un eje importante para fomentar principios éticos en los empleados públicos. Dijo que el mejor ejemplo que deben seguir los servidores del Estado es el legado del profesor Juan Bosch, quien siempre estuvo sujeto a la moral, integridad y la ética.