Dos notarios bajo la lupa en casos sobre sobornos
Los dos casos sobre sobornos que cursan en los tribunales tienen en común la implicación de un abogado notario. Sobre esos profesionales pesa una gran responsabilidad, por las delicadas funciones que desempeñan.
La labor de los abogados notarios se ha tornado más riesgosa, luego de la nueva ley sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que los coloca como sujetos obligados no financieros, definido como la persona física o jurídica obligada a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La acusación presentada contra seis implicados de sobornos por US$3.5 millones que la empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber pagado para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009, incluye a un notario.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó, en la acusación presentada el martes de la semana pasada, la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para el abogado notario Félix Del Orbe Berroa, a quien atribuye haber legalizado los contratos de venta viciados de falsedad suscritos entre el exministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, y la compañía Ares Security and Training, S.R.L.
El profesional de la notaría está acusado de incurrir en los delitos de asociación de malhechores y falsedad en escritura, contenidos en los artículos 145, 146, 265 y 266 del Código Penal dominicano.
Mientras por el caso de sobornos de 92 millones de dólares que admitió haber pagado la empresa brasileña Odebrecht en el país para conseguir contratos millonarios, guarda prisión domiciliaria de 9 meses el abogado notario Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
En la acusación para medida de coerción depositada por el ministerio público, se atribuye a Pittaluga Arzeno haberse “prestado a colocar recursos obtenidos por el soborno en un contrato ficticio de representación legal en la construcción de la autopista del Coral, procediendo a introducirlos en el sistema financiero y de esta forma darle apariencia de legalidad”, constituyendo esto, según los investigadores, “una red de lavado de activos”, junto a otras personas identificadas en la pieza acusatoria.
Los investigadores establecieron que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, implicado en el proceso, presentó a Pittaluga Arzeno a los ejecutivos de Odebrecht como una persona de su confianza y que firmó un contrato de servicios legales con la constructora. Dice, además, que en el período junio 2011 a agosto 2012, “Odebrecht realizó a favor de Conrado Pittaluga Arzeno transferencias millonarias por un monto total de seis millones seiscientos veintinueve mil ochenta dólares americanos” a través de compañías y bancos.
El 28 de agosto del 2017, el Colegio Dominicano de Notarios informó que suspendió la colegiatura y sometió ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a cuatro de sus miembros, y que está procesando a 115, por incurrir en irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Pedro Rodríguez Montero, presidente de ese gremio, advirtió que si los notarios no actúan con prudencia ante la nueva ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, serán sancionados con prisiones de seis meses a 10 años.