¡… A cerrar el paritorio!
Cuando el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, advirtió que República Dominicana no puede continuar operando como “paritorio de Haití”, reinició el debate sobre un tema delicado y sensitivo: la enorme cantidad de parturientas haitianas que cruzan la frontera para acceder a las facilidades hospitalarias dominicanas y alumbrar a sus criaturas aquí.
Es un problema que viene de décadas, pero que se ha agravado en los últimos años. Al día de hoy las estadísticas indican que cerca del 30 por ciento de los partos que se realizan en los hospitales públicos se les practican a madres haitianas, llegando a alcanzar hasta el 90 por ciento en las zonas fronterizas. Por ello, el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, calificó la situación como una “pesada carga para el sistema de salud de la República Dominicana”.
Se trata, además, de un problema con varias aristas. Por un lado está la carga que representa para los presupuestos de los centros hospitalarios, que algunos calculan en cerca de un 10 por ciento del total de los recursos asignados al sector salud, entre 6 y 7 mil millones de pesos al año. También afecta las estadísticas de desarrollo humano, como el nivel de muertes materno-infantil, ya que a diferencia de las mujeres dominicanas que en su mayoría llevan embarazos controlados --lo que reduce considerablemente el riesgo de complicaciones al momento del alumbramiento--, las haitianas suelen llegar a las emergencias a última hora, prácticamente en medio de labor de parto y en muchos casos, padecen de anemia y de enfermedades infecto-contagiosas.
Especialmente preocupante resulta cómo va incubándose un gran problema debido al nacimiento en el país de todos esos muchachos que según la Constitución no son dominicanos y que, de acuerdo a las leyes, deben ser asentados en el libro de extranjería y notificarlos a las delegaciones consulares haitianas. Sin embargo, en la mayoría de los casos los progenitores de esas criaturas no se molestan en ir a declararlos, dejándolos en condición de subregistrados y consecuentemente indocumentados y aumentando el número de supuestos “apátridas” que la comunidad internacional quiere dominicanizar a las malas.
De ahí la importancia de la firmeza y responsabilidad con que Castaños Guzmán abordó recientemente este tema, porque la Junta es la entidad responsable de salvaguardar la integridad de un Registro Civil que, a partir de la sentencia TC 168-13, se ha convertido en la frontera jurídica indispensable para preservar la identidad nacional.
Se sabe que la mayoría de los miembros de la Junta están conscientes de la gravedad de esta situación que amenaza la nación dominicana. Su presidente, Castaños, fue incluso abogado del Estado dominicano en el caso Yean y Bosico ---la primera daga que la Corte Interamericana le clavó al país---, Saladín fue un férreo defensor de la sentencia del Constitucional siendo embajador ante la OEA, y Henry Mejía ha elevado su voz incontables veces en defensa del país.
Pero para enfrentar el problema no basta con que la JCE haga su trabajo… Hacen falta también políticas de Estado que detengan esa avalancha de mujeres que cruzan la frontera para parir en hospitales dominicanos arreadas por mafias que las traen en autobuses, camionetas, motores y hasta a pies.
La avalancha hacia el “paritorio” hay que detenerla en la frontera… No en los hospitales.
Nada buscan los guardias interrogando haitianas en los hospitales y maternidades. Ya que donde deben estar es protegiendo la frontera, cumpliendo con su deber sin sucumbir a las tentaciones de coger unos pesitos a los traficantes, como hacen con frecuencia en los retenes que se encuentran en las vías que unen las poblaciones fronterizas con los grandes centros urbanos del país.
Es necesario perseguir y aplicar sanciones severas a los traficantes, ya que cuando las parturientas llegan a los hospitales hay que atenderlas. Y no sólo porque lo ordena el acceso universal de acceso a la salud, sino hasta por razones humanas y el más elemental sentido de solidaridad… Se puede intentar cobrarles a los extranjeros que acudan a utilizar los servicios de salud del sistema público, pero en el caso de las parturientas haitianas resulta prácticamente imposible por la pobreza extrema que padecen y la falta de algún tipo de documento de identidad.
Por tanto, lo único que se puede hacer, además de fortalecer el control fronterizo, es exigir a la Comunidad Internacional que atienda el problema haitiano, que no nos dejen eso a los dominicanos. Y en este caso particular, que les construyan hospitales y maternidades en el lado haitiano de la frontera… Algo que al parecer el presidente Medina ya ha solicitado, incluso comprometiendo al Estado dominicano a dotarlos del personal médico y paramédico necesario…
De ahí la importancia de que Castaños Guzmán pusiera este tema en el centro del debate, porque ese problema no resiste más indiferencia… Hay que detener ese paritorio… Pero, ¡ya!