Ley y consenso
La ley de partidos políticos, que es instrumento jurídico a formar parte del régimen electoral del país, debió – o debe- darse a partir de una cumbre de líderes de organizaciones, a fin de buscar el necesario consenso. Ya con un gran retardo, y ahora con un tranque morado, hay que estar claro en que se trata de una ley orgánica, que requiere de las dos terceras partes de la matrícula de legisladores de ambas cámaras para su aprobación, y que en la de Diputados el PLD necesitaría los votos del PRM y del PRSC para pasarla como manda. Por ser una pieza que pondría control y orden en las organizaciones políticas, ahora con un relajo que afecta la democracia interna y no ayuda al fortalecimiento institucional, debería ser un tema país, que enarbolara toda la sociedad. Por eso extraña, y mucho, que no sea tema de agenda de la sociedad civil, comenzando por Finjus, Participacion Ciudadana, y ni hablar de la Marcha Verde... Más que Odebrecht y la planta de Punta Catalina, que es buena iniciativa del gobierno de Medina, el cliente- lismo y los entendimientos de todo tipo que se dan en tiempos de campañas electorales en los grupos políticos -que bien pudieran ser frenados con la celebración de primarias con padrón cerrado-, nada como esto, representan elementos de fomento de corrupción y de impunidad desde los gobiernos, desde hace tiempo. ¿Hay alguna complicidad en el silencio? Alguien escribía hace poco que: “La ley de Partidos que conviene a la democracia dominicana real –adicta al dinero y huérfana de arbitraje y garantías– es la que contribuya al fortalecimiento de los partidos políticos, no a dividirlos”.Y el exvice, Rafael Alburquerque remachaba: “Con primarias abiertas y simultáneas, los partidos no tendrían razón de ser”, además de entender que lo que se busca es derrumbar al liderazgo político, que es algo que se está viendo en toda América Latina. De otro lado, ante el llamado a fortalecer la unidad que hace la Fuerza Boschista, del PLD, cabe recordar que el Comité Político acordó retomar la vieja práctica de buscar siempre el consenso, y no llevar a votación todo punto que pudiera afectar las relaciones internas y tradicional vocación de poder, que han sido la clave del éxito de los morados en su largo ejercicio gubernamental. El consenso evita muchos riesgos (¿).