Condena a Mondesí es ejemplo para políticos
LGUARIONEX ROSA a condena a ocho años de prisión, RD$60 millones de multa e inhabilitación ciudadana durante 10 años, al ex beisbolista Raúl Mondesí y alcalde, es un ejemplo para el liderazgo político dominicano, debido a cuya corrupción fue postulado por tres partidos diferentes.
Mondesí, multimillonario al momento en que abandonó las Grandes Ligas por ser indeseable entre la cultura de béisbol del mundo, no tenía nada que buscar en la política en su pueblo natal, sino dedicarse a otras labores que pudieran engrandecer su fortuna y su nombre.
El saber que en República Dominicana “na es na”, lo llevó a que lo postularan a diputado y a síndico de San Cristóbal los partidos de la Liberación Dominicana, PLD y Revolucionario Dominicano, PRD en períodos 2006-2010 y alcalde 2010-2016.
A las dirigencias de los dos partidos posiblemente les atrajo el carisma del pelotero en sus días de gloria y quizás hasta se pensó que siendo un hombre acaudalado no defraudaría las curules que ganó con cierta facilidad. Como alcalde de San Cristóbal fue un desastre.
Como no sabía de administración ni de la forma de manejar los asuntos del Estado y de las municipalidades, Mondesí encargó a algunos fieles seguidores los trabajos administrativos, contaduría y del tesoro municipal, incurriendo en la comisión de serias irregularidades.
Por ello la condena recayó también sobre Bienvenido Araujo Japa, exsecretario general de la Alcaldía, a siete años de cárcel y RD$20 millones de multa; a Antonio de Jesús Ferreira Guzmán, extesorero, a siete años y RD$20 millones y Pedro Cordero, excontador, a tres años.
Mondesí soportó vendavales de la prensa y los medios de comunicación por el abandono que sufrió San Cristóbal durante su gestión. Ello alimentó la candidatura de Nelson Guillén, quien ganó holgadamente en las elecciones del año pasado.
En el peor momento de su gestión, con la ciudad repleta de basura y los médicos al grito por el temor a las epi- demias, el entonces ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas, intervino esa capital encontrando el apoyo de los ciudadanos y el enojo de las turbas de Mondesí.
Se equivocaron los que creyeron que siendo un hombre rico, aunque desarraigado, y porque provenía de las capas bajas de su sociedad, sería una persona austera, que valoraría el dinero suyo y el colocado a su custodia por los munícipes de la importante provincia.
San Cristóbal parece que ha tenido mala suerte. Recientemente dos prominentes figuras de esa provincia, el exministro Juan T. Montás y el senador Tommy Galán fueron sentados en el banquillo de los acusados de la Suprema Corte por alegada corrupción.
Las riñas políticas
Mondesí decía entre sus amistades que las acusaciones en su contra, así como la última auditoría que le hizo la Cámara de Cuentas hace ya mucho tiempo, se debían a enemistades personales y a chismes puestos a circular por el senador Galán.
Además de las quejas de la CC por el manejo de los fondos públicos de la Alcaldía de San Cristóbal, el condenado munícipe tuvo una serie de acusaciones y demandas de particulares que no han tenido consecuencias en los tribunales.
En la página Web de la CC figuran diversas auditorías, como la de enerodiciembre del 2012, cuyos resultaron le señalaron al PEPCA que había mal manejo de los fondos municipales y calidad para el sometimiento penal del alcalde cuestionado.
En San Cristóbal, más que en cualquier provincia del país, se evidenció la debilidad de los partidos y el hecho de que en los puestos de relevancia nombraran personas carismáticas de viso que pudieran hacer ganar la boleta, sin importar otras consideraciones.
En su caso no había hastío por el trabajo del alcalde anterior aunque no fue tan bueno. A los de San Cristóbal les pasa lo que a los hondureños, quienes eligieron a finales de 2015 a Jimmy Morales, viejo en la vida pública como comediante y mimo, pero no como político.
Morales, elegido por un pueblo cansado de los clanes militares y políticos corruptos, alcanzó un 67% de los votos emitidos, demasiado para un hombre cuya profesión era comediante, que no tenía partido propio y que nunca había ostentado un cargo público.
Su elección, en alguna medida, resaltó la crisis de valores por la que pasan los partidos políticos de América Latina y la aparente certeza de que antes que nada, los políticos van a los puestos al enriquecimiento no obstante las tantas caídas en todo el mundo.
La crisis es general
La crisis de los partidos políticos es general. En República Dominicana como en varios otros países de América Latina y África, están sometidos a escrutinios muchos políticos que se enriquecieron con sobornos y negociados con la empresa brasileña Odebrecht.
El caso de la Odebrecht saltó a la publicidad después que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos divulgó a finales del año pasado los detalles de cómo la empresa brasileña había entregado sobornos a funcionarios públicos de Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá. Perú, República Dominica y Venezuela, para obtener ventajas en contratos de obras públicas.
En el Departamento de Persecución de la Corrupción (PEPCA), hay una cola de expedientes sobre corrupción entre los cuales está el de los aviones Tucano, que afectan de una manera u otra al liderazgo político de República Dominicana, principalmente al del PLD.
La ocurrencia de seria corrupción en cuatro municipalidades dominicanas, con un valor total de casi mil millones de pesos, evidencia que los partidos han escogido a cualquiera para los puestos de elección, sobre todo si pueden aportar buen caudal económico.
La riqueza mal habida contrasta con la enorme pobreza del país, desnudo completamente frente a los daños del huracán María, que mostró a todos que todavía mucha gente vive a la orilla del mar y de los ríos, en los desrricaderos, en casas de latón con pisos de tierra.
Al final de todo está el dinero, su capacidad para comprar la política y sostener las ambiciones desmedidas de políticos, hombres públicos y empresarios que no tienen ética. Como fenómeno mundial no paran los escándalos que siempre envuelven razones económicas, pese a la condena del público y, a veces, de los tribunales.