Rumbo a la insensatez
La mayor debilidad del sistema electoral dominicano es la falta de reglamentación sobre los financiamientos provenientes del sector privado, porque ahí radica el pecado original de donde emanan la corrupción, el transfuguismo y la prostitución imperantes en el ejercicio político, que ha deteriorado la imagen de los partidos y de sus líderes.
La legislación dominicana no pone límites a los aportes del sector privado, y aunque proscribe tímidamente los aportes provenientes de fuentes extranjeras, esa restricción no está acompañada de sanciones ni observa mecanismos de control. Por tanto, no pasa de ser un simple enunciado.
Semejante descontrol provoca que una campaña presidencial pueda costar mil millones de pesos; que un candidato a senador de una provincia mediana o pequeña necesite al menos 50 millones para propagandas y canonjías; que un aspirante a alcalde de cualquier aldea tenga que buscar --por lo menos-- 20 millones, y que un candidato a regidor de esa misma aldea tenga que sacar cinco millones de pesos “de su bolsillo menesteroso” sin que nadie sepa cómo llegaron allí.
Esa distorsión facilita la penetración de capitales vinculados a actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado, el soborno y la corrupción para inflar candidaturas que luego tienen que retribuir con creces esa “inversión”.
Adicionalmente, la supremacía del dinero sobre la calidad de la oferta y las propuestas está devaluando la calidad de los funcionarios públicos, tanto los de elección directa como los designados, ya que para acceder a posiciones públicas pesan más las riquezas y el dinero que el talento y la probidad de los ciudadanos… Ese deterioro de la democracia nos encamina hacia un sistema plutocrático…
…Porque mella la salud de la democracia y provoca que algunos de los sectores más representativos de la sociedad reclamen profundas reformas en el régimen electoral y que se impongan restricciones al financiamiento de la política y a la duración de las campañas.
La comisión bicameral designada por el Congreso para estudiar y buscar consensos sobre la nueva ley de partidos políticos, deberá continuar trabajando en esa dirección para modificar la Ley Electoral, y aunque ha logrado avances importantes, particularmente en lo atinente a la financiación política, posiblemente ha quedado por debajo de las expectativas aunque sí dentro del marco de lo posible en un proceso de transición prudente.
Sin embargo, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decidió presentar modificaciones eliminando prácticamente todas las propuestas que buscaban establecer controles sobre el límite y la transparencia de los aportes del sector privado a los partidos y a las candidaturas.
Parte de la premisa de que establecer topes a los aportes del sector privado a los partidos o hacer esas fuentes públicas, sería violatoria de la Constitución porque ---según los facultos del CP--- “ninguna ley puede establecer cómo una persona o empresa gasta su dinero”. También alega el CP que publicar los nombres de los donantes de los partidos, “violaría el derecho a la intimidad de las personas”.
Se trata de un enfoque incorrecto al alcance solo de su visión tubular, ya que si bien la Carta Magna establece la libre conformación de agrupaciones políticas, también ordena que las mismas se rijan bajo principios de transparencia tipificados por la ley…
Pero, además, esos principios no impiden que en países como Estados Unidos --la economía liberal por excelencia--, se establezcan limites rigurosos al monto de los aportes individuales y corporativos a las candidaturas en todos los niveles de elección, y que las fuentes de ese financiamiento sean absolutamente transparentes.
Por tanto, los argumentos pueriles del núcleo duro del peledeísmo no son más que chicanas que buscan justificar el mantenimiento de un modelo sin control ni límites ni regulación que ha provocado terribles distorsiones en el ejercicio político en este país.
La decisión del CP frustra a una sociedad que espera una reforma que enderece el rumbo de una democracia en crisis. Porque son ellos quienes definen la política congresional peledeísta, y sus legisladores --que constituyen una abrumadora mayoría en el legislativo--, obedecen a sus designios.
Pero sobre todo, el principal órgano de dirección peledeísta demuestra tozudez al pretender seguir ignorando la gravedad de los síntomas que presenta la democracia dominicana, además de evidenciar su falta de sintonía con las exigencias de una sociedad que madura y que cada día está más habida de liderazgos que ofrezcan respuestas inteligentes a los problemas de este tiempo…
Y en esa desconexión entre sociedad y liderazgos, ha estado el génesis de procesos que condujeron a pueblos como el de Venezuela a arrojarse en brazos de aventureros que sepultaron su democracia y la llevaron al caos, a la ruina y a la anarquía.
El CP tiene pautado reunirse nuevamente hoy para discutir el tema del modelo de primarias para los partidos…
¡…Ojalá que la sensatez le alcance para reflexionar y revisar su postura!