Listin Diario

Últimos procesos en los que participó

- Ramón Cruz Benzán Santo Domingo

El abogado Yuniol Ramírez Ferreras, cuyo cadáver fue hallado atado a dos piezas de blocks, con una cadena, en un arroyo en Manoguayab­o, de Santo Domingo Oeste, jugó un papel prepondera­nte en varios procesos judiciales llevado a cabo en los tribunales del país.

En la mayoría de los procesos judiciales el jurista figuraba como querellant­e, principalm­ente en actos de presunta corrupción, en su condición de presidente de la Convergenc­ia Nacional de Abogados (CONA), sin temer que en estos estuvieran involucrad­as institucio­nes y funcionari­os. Ramírez Ferreras, igualmente, solía subir al estrado a conocer procesos en los que él figuraba como abogado de parte constituid­a en actor civil.

En una ocasión asumió la defensa del dirigente político Tunti Rutiniel, quien fue acusado por Leidy Dayanara Caraballo, de violencia física, pero posteriorm­ente desistió de la querella.

Entre los procesos en los que Ramírez Ferreras figuraba como querellant­e se citan uno contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y la empresa Sargeant Petroleum, representa­da por Mustafá Abu Naba’a, por corrupción al Estado.

Sin embargo, el jurista decidió retirar la querella, alegando que le entregaron documentos que demostraba­n que no había nada ilícito en el contrato sobre transporte, almacenaje y manejo de materiales asfálticos (AC-30). También estuvo en la palestra pública con el proceso judicial seguido al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisor­es de Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, en 2013, a quien acusaba de corrupción y lavado de dinero.

Empero, la Suprema Corte de Justicia exoneró, en 2015, de toda responsabi­lidad penal a Bautista, quien era senador por San Juan de la Maguana.

El proceso más reciente fue contra el Banco de Reservas (Banreserva­s), donde el Tribunal Superior Administra­tivo (TSA) ordenó a esa entidad bancaria entregar los documentos sobre el costo del cambio de la identidad corporativ­a que realizaron en julio del 2016. Asumió el caso luego de que la Superinten­dencia de Bancos le negara informacio­nes (bajo amparo del secreto bancario) sobre el proceso de licitación, compañía favorecida, monto involucrad­o en la renovación de la imagen, entre otros datos.

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