EL MANTO DE LA OMSA
En medio de las aprensiones que tiene el pueblo sobre la capacidad de la justicia para castigar delitos, la Procuraduría General ha anunciado que investigará las denuncias sobre actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), motivo conductor indiscutible del asesinato del catedrático Yuniol Ramírez.
Esas denuncias las había hecho de manera pública el malogrado profesor universitario, pero el ministerio público, que sepamos, nunca movió sus pinzas para investigarlas ni esclarecerlas.
Es ahora, cuando se ha establecido el nexo directo entre esas denuncias y el fatal desenlace de Ramírez, cuando el ministerio público pone en marcha las indagatorias de lugar para establecer la magnitud de la corrupción. No le queda de otra.
Hay que presumir que alcanzó dimensiones respetables cuando el propio ministerio público dijo en un comunicado el domingo que el ahora destituido director de la OMSA había accedido a pagar al denunciante Ramírez “alguna suma de dinero, a cambio de que desistiera de acciones legales que había iniciado” en su contra.
Según el comunicado oficial, el destituido director pidió a un empresario que se pusiera de acuerdo con Ramírez para entregarle la suma de cuatro millones de pesos, de la cual le habrían adelantado un millón. En el ínterin, dos empleados de la OMSA, entre ellos el asistente del destituido director, “habrían tomado la decisión de darle muerte” al catedrático. Lo que efectivamente hicieron el miércoles 11.
Si la corrupción develada, pero no cuantificada hasta ahora, era mayúscula, lo parece demostrar el monto de la oferta hecha para silenciarla: cuatro millones de pesos.
Este fue el manto con que se quiso tapar, prima-facie, la corrupción develada, por lo que el deber del ministerio público es levantarlo sin miedo ni titubeos para verificar su real alcance, superficial y de fondo, y para identificar a los que se beneficiaron del robo o distracción ilícita de los fondos públicos.
Los ojos de los ciudadanos estarán muy fijos en la forma en que el ministerio público proceda contra los acusados de corrupción, para que el proceso no sea influenciado por la condición de funcionarios públicos y/o miembros del partido del gobierno que ostentan los principales imputados del crimen del catedrático Ramírez.
Crucemos los dedos para que la investigación no se salga por la tangente.
Porque son dos ilícitos graves los que están entreverados en este episodio: la corrupción y el homicidio. La primera fue el leit-motiv del crimen, y el crimen, ahora, es la espoleta que la hizo estallar.