Revalidando una ley
La Ley de Acceso a la Información Pública, que ya tiene trece años de vigencia, debe revalidarse para que sirva efectivamente como una ventana hacia la transparencia gubernamental, a través de la cual el ciudadano obligue a las autoridades a rendir cuentas de sus ejercicios oficiales. Hay muchos indicios de que funcionarios e instituciones civiles, como los partidos, colocan abiertas o solapadas trabas para evitar el cumplimiento pleno y a tiempo de las obligaciones que les impone esa ley. Las evasivas más comunes son las de dilatar al máximo la atención a las solicitudes de información que les hacen los usuarios para que, una vez agotados los plazos legales de darlas, tenga que abrirse un proceso judicial para forzar una decisión a favor o en contra, lo que en la práctica constituye un principio de negación a los requerimientos legítimos de los ciudadanos.
Lo otro es secuestrar informaciones de interés, no colocándolas a tiempo en los portales de internet, no aplicar formatos claros y actualizados o limitar las informaciones sobre los procesos de compras y contrataciones del Estado. La Sociedad Interamericana de Prensa, que acaba de celebrar su 73 ava. Asamblea General en Salt Lake City, Utah, ha llamado la atención sobre el peligro que entrañan estas cortapisas que, de tanto repetirse, podrían convertir en letra muerta un instrumento tan vital para la transparencia y la democracia, ya que en la medida en que se cierren los caminos para que el ciudadano pueda reclamar y recibir una información de interés público, se propicia el secreto y la bruma sobre los actos que se realizan desde el Estado.
Ahora que el gobierno ha puesto en marcha el programa República Digital, que justamente refleja un esfuerzo por interactuar más ágilmente con los ciudadanos en la atención y cumplimiento de sus obligaciones con el Estado, permitiendo que más de 27 servicios públicos sean realizados por vía digital, es menester que tome la iniciativa de asegurar la plenitud de utilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública en todos sus portales, sancionando a aquellos funcionarios que, sin razón valedera, se han tomado la ley entre las manos para aplicarlas a su puro antojo.