¡Ay ñeñe!

Si alguien tuviera dudas de la certeza de aquello que dice que entre bomberos no se pisan las mangueras, solo necesitaría ver la rapidez con la que los diputados reaccionaron en contra de que se pusiera un tope a las exoneraciones impositivas que reciben para importar vehículos. En la ley de presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo se pretendía limitar a 100,000 dólares (casi cinco millones de pesos) la exención que cada dos años beneficia a los congresistas y que en la actualidad es abierta para cualquier tipo de vehículos sin importar año, tipo, ni precio.

Un debate recurrente pero que adquiere temperatura para estos tiempos cuando el gobierno somete la Ley de Ingresos y Gastos al congreso. Se recuerda que desde el 2013 se está tratando (sin éxito) de reglamentar lo indicado en la Ley 57-96 que favorece a los senadores y los diputados.

El año pasado se formularon muchas propuestas donde se ponderaron desde reducir a una la gracia; circunscribirla a modelos y años específicos o limi- tar el tope de las mismas a los 90,000 dólares, pero al igual que ahora, nada prosperó.

Y mientras el hacha va y viene la realidad es que salvo honrosas y escasas excepciones, a nuestra supernumeraria y privilegiada casta congresual de 222 miembros (190 diputados y 32 senadores), les siguen -para venderlas a los dealers- dando exoneraciones de alto coste ante la mirada irritada de una población a la que no le dan exoneraciones y que observa cómo el Estado deja de percibir cientos de millones de pesos que pudieran invertirse en otras cosas.

Nuestra democracia es representativa y el Legislativo es el primer poder del Estado, por cuanto nadie cuestiona que debe tener niveles dignos de desenvolvimiento. En tal sentido no hay nada de malo en que sus miembros tengan condiciones y vehículos adecuados, pero sí es para el desempeño de sus roles, no para desafiar los límites del decoro y el sentido común.

Tristemente y bajo el manto de la legalidad, las exenciones de impuestos se han desvirtuado convirtiéndose en una fuente de enriquecimiento para personas y sectores que no las necesitan y deben ser revisadas, pero si a quienes les tocara revisarlas son también beneficiarios legales de una ilegitimidad... el pronóstico se torna reservado.