CONSTITUCIÓN Y SOBERANÍA
La soberanía dominicana ha entrado en una fase de influjo menguante, vapuleada por dos fuerzas que al Estado les resulta difícil evadirlas o dominarlas.
Esas dos fuerzas son la migración ilegal de millares de haitianos indocumentados y la injerencia de países y organismos internacionales en el modelaje de nuestras políticas migratorias y algo más.
Pese a que la Constitución define claramente los requisitos para la nacionalidad y existen leyes adjetivas que se ocupan de fijar las normas para el ingreso y permanencia de los extranjeros, lo que constituye un legítimo derecho de soberanía de cada nación, ambas premisas están bajo presión de intereses foráneos que pretenden ignorarlas o cambiarlas. En virtud de este concepto de soberanía, el Estado, conformado por tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es el que representa la voluntad popular y el que está llamado a proteger el espacio territorial en el cual se ha creado nuestra nación y a aplicar las leyes que regulan la vida de los ciudadanos.
Pretender forzar cambios en estos dos pilares fundamentales, sobre todo si son estimulados por intereses foráneos ajenos a nuestras prioridades de autodeterminación, constituye una grave afrenta a la Constitución, cuyo día conmemoramos hoy.
Si caemos en la flaqueza de acomodar estos valores constitucionales a lo que quieren esos intereses, quedaríamos atados de pies y manos para ejercer la soberanía en toda su plenitud. Y un país sin soberanía deja de ser una nación organizada y una Constitución, así vapuleada, se convertiría en letra muerta. A los dominicanos hay que inculcarles sistemáticamente esta enseñanza, para que tomen conciencia de que el fenómeno de la migración ilegal tolerada es el principio de un debilitamiento de nuestra propia Constitución y del concepto de soberanía que ella consagra.
De hecho, el ejercicio de esta soberanía ha quedado fuertemente limitado ante la ausencia de un Estado que la haga valer. Y también ante la realidad de que somos un país pequeño, de escasa influencia en el entorno de poder que diseña las políticas mundiales de los más grandes. No obstante, nadie en el mundo tiene derecho a desconocer los principios en que se ha fundado la República Dominicana ni las leyes que nos hemos dado para vivir en un país independiente y libre, tal como lo proclama y consagra la Carta Magna de nuestra nacionalidad desde el principio mismo de la República en 1844.