(+) CRÍMEN DE CIJO EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS
El Consejo del Poder Judicial fijó para el próximo 14 de noviembre el conocimiento de juicio disciplinario seguido a tres juezas del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, acusadas de cometer faltas en el ejercicio de sus funciones. Mientras tanto, ese ente reintegró en funciones a la jueza Rosaly Yovianka Stefani Brito, quien había sido suspen-
UNA ALERTA A FISCALES
La investigación puesta en marcha por los fiscales detectó un sospechoso depósito de 2 millones de pesos en la cuenta de una hija, de 22 años, de una de las jueces procesadas, dida, sin disfrute de sueldo, a raíz de una decisión que anuló la sentencia que condenó a 10 años de prisión a Winston Rizik, por narcotráfico y lavado de activos. La disposición pide que la magistrada Stefani sea retornada a la primera sala penal de la provincia Santo Domingo. El tribunal, presidido
Según el expediente, la magistrada Díaz Marte, presidenta del tribunal, dio órdenes para borrar la sentencia que tenía en su computadora.
quien ahora no tiene cómo justificar esa suma de dinero.
El asesinato de Cecilio Fermín Domínguez (Cijo) se produjo la madrugada del lunes 22 de septiembre del año 2014, en las afueras de Skuer Bar, ubicado en la interseccion de las calles Billini y Olegario Tenares, de San Francisco de Macorís. por el magistrado Mariano Germán Mejía, conocerá a las 10:00 de la mañana el juicio en contra de las magistradas Enidia Altagracia Olivares Bonifacio, Josefina Normí Díaz Marte y Antonia Rosario Ventura.
La audiencia será conocida en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en la sexta planta, del edificio que también aloja a la Procuraduría General de la República.
Las magistradas son procesadas por descargar el 17 de marzo pasado, de forma alegadamente irregular, al imputado Winston Anderson Vélez (El Chacal), acusado de la muerte de Cecilio Fermín Domínguez (Cijo), ocurrida en marzo de este año.
El sometimiento fue hecho por el procurador adjunto, Víctor Robustiano Peña, quien la acusa de contradicciones, faltas disciplinarias y recibir soborno. Para esto dice contar con 10 pruebas documentales, 10 testimoniales y una prueba audiovisual.
El expediente establece que la magistrada Díaz Marte, la presidenta del tribunal, dio órdenes a una persona del tribunal para borrar la sentencia que tenía en su computadora, incluso de la papelera de reciclaje, que a la sentencia le hicieron cambios y que la magistrada a cargo deseaba desaparecer toda evidencia al respecto.