¡Claro que no!

La propuesta para que el Poder Ejecutivo otorgue nuevos subsidios a los transportistas y que estos no aumenten sus tarifas, constituiría un desacierto que lejos de resolver el problema lo agravaría y bastante.

Se sabe lo que ha pasado con las exenciones que se otorgan en el país, y muy específicamente con las de los transportistas, a quienes se les otorga combustible, bonos y exoneraciones, pero que no siempre van a parar a manos de quienes ofrecen el servicio, por cierto caótico y deficiente.

Un escenario complejo donde los bandos aparentan tener, si no la razón, por lo menos parte de ella, pero donde queda muy claro el poco control (o intención) para clarificar, focalizar, organizar y auditar adecuadamente las cosas y evitar que un grupito siga haciéndose rico a costa de la supuesta sostenibilidad de un servicio que se denomina “público”, pero que en verdad es privado.

Para nadie es secreto que los combustibles están por las nubes. Tampoco nadie entiende por qué hoy están más caros que cuando el barril de petróleo costaba casi el doble; pero tampoco hay quien dude que esas alzas, y por desgracia paulatinas, tienen un impacto en todo lo que se mueve con gasolina, gasoil o gases, ya sea del tipo licuado de petróleo o natural.

Sin embargo, tampoco es cierto que el parque vehicular de pasajeros y de carga se mueve solamente con gasolina. Por tanto antes de hablar de nuevos subsidios se necesita, entre muchas cosas, un levantamiento de cuáles unidades utilizan determinados combustibles, así como una profilaxis a la mafia de venta y trasiego que existe con lo que ya se otorga.

Desafortunadamente, y sin dejar de reconocer los esfuerzos del Gobierno, el Estado no ha podido proveerle a la ciudadanía un adecuado y eficiente sistema de transporte público, lo que ha dado pie al desorden existente y a las radicalidades de un sector al que se le da concesiones, pero que cuando deciden detener sorpresivamente el servicio, lo hacen sin empacho.

Lo ideal sería una modificación de la Ley de Hidrocarburos (112-00) que traiga al alcance de los bolsillos de los ciudadanos el precio de los carburantes, y que revise los subsidios existentes mientras se establece un buen sistema estatal de transporte.