¿Quién elegiría a precandidatos?
Uno de los ejes de la defensa de las llamadas “primarias abiertas” que se debate en la actualidad, es la necesidad de que las cúpulas partidarias no bloqueen posibles candidatos a lo interno de sus respectivos partidos y que no puedan mantener un dominio político en la selección de quiénes ocuparán los cargos en los tres niveles de elección, presidencial, congresional y municipal.
Sin embargo, cuando nos adentramos al análisis del escenario que se presentaría si hipotéticamente se aprobaran las primarias abiertas en la nueva Ley de Partidos, sobrevendría una pregunta obligada: ¿Quiénes seleccionarían a los precandidatos a cada cargo de elección? Para cargo de senador, diputado, regidor, Presidente de la República, ¿podría inscribirse todo el que quisiera dentro de un partido político? ¿De qué tamaño sería la boleta, si no hay límites en el número de precandidaturas para cada cargo? Y si se adoptara legítimamente que para cada cargo se limitará el número de precandidatos, ¿quién decide quiénes van a las primarias abiertas y quiénes no van?
Como se ve, siempre tendrá que ser el filtro partidario de dirección interna de cada partido, bajo cualquier modalidad de ésta, el que decida quién tiene derecho a figurar en una boleta de precandidato en una primaria abierta.
La realidad, como hemos escrito anteriormente, es que las primarias abiertas, independientemente de ser inconstitucionales, constituirían un desastre desde el punto de vista práctico y su implementación, que metería al país en un berenjenal de organizar para el año 2019 el equivalente a unas elecciones presidenciales, congresionales y municipales con no menos de 50,000 candidatos que embadurnarían avenidas, calles, callejones, en todos los rincones del país, en una profusión de activismo y propaganda nunca visto en esta nación.
Ha hecho muy bien el amigo Luis Abinader, quien fuera candidato presidencial del PRM en las pasadas elecciones, en ratificar su férrea oposición a la imposición del modelo de primarias abiertas y que lo haya hecho acompañado del bloque de diputados del PRM, partido que oficialmente ha planteado que expulsará de sus filas a todo aquel legislador que desacate la orden partidaria de oponerse a las primarias abiertas en la Ley de Partidos.
Los doce partidos de la oposición, la Junta Central Electoral, la Sociedad Civil, el Tribunal Superior Electoral y medio del PLD, encabezado por el Dr. Leonel Fernández, están opuestos a las primarias abiertas y simultáneas. El único camino para dotar a la nueva Ley de Partidos de la legitimidad requerida en una legislación tan importante que regularía la vida de los partidos es el consenso, el acuerdo nacional entre todos los actores políticos, el árbitro y la sociedad civil.
Creo que en estos días de navidad se hace propicio el espacio de la reflexión serena. Se hace necesario que la Iglesia Católica y las iglesias Evangélicas dejen de lado su silencio sobre el tema de las primarias abiertas y las reformas electorales, que son vitales para la democracia dominicana. Las iglesias tienen una gran influencia en nuestra sociedad; humildemente y con todo respeto, les hago un llamado desde este artículo a que motoricen, de la forma que lo entiendan mejor, un esfuerzo de unidad nacional y de gran consenso sobre estas vitales legislaciones que el país necesita.
Igualmente, creo que la prensa nacional, el cuarto poder, que ha jugado papeles estelares de presión social y política para grandes reformas en momentos difíciles en la historia del país, debe igualmente hacer un ferviente llamado y propugnar por qué, tanto la Ley de Partidos como la Reforma Electoral, sean fruto de un gran acuerdo y consenso nacional y no el fruto de una odiosa imposición que sólo llevaría al país a un estado de crisis pre-electoral de imprevisibles consecuencias.
El fortalecimiento de la democracia es una responsabilidad, no sólo de los partidos políticos, sino de todos los sectores sensatos e influyentes de la sociedad dominicana. La aprobación de una Reforma Electoral y una Ley de Partidos sin consenso representaría una estocada mortal a nuestro sistema democrático. Nadie debe rehuir sus responsabilidades ante lo que se proyecta puede ocurrir en las próximas semanas sobre este espinoso tema.