Trump, terrorismo e ilegales
En las primeras horas del pasado lunes una bomba estalló en uno de los pasos subterráneos que unen las estaciones de autobuses de la Autoridad Portuaria y el Metro de Times Square, obligando a cerrar una de las principales rutas por donde ingresan diariamente a Nueva York millones de ciudadanos desde suburbios y ciudades cercanas.
Afortunadamente, este acto de terrorismo falló, ya que la bomba ---de rudimentaria fabricación casera-estalló parcialmente y a destiempo, dejando un saldo de cuatro personas con heridas leves mientras el atacante resultó con quemaduras y laceraciones en su cuerpo.
Las autoridades atribuyen el hecho a un ciudadano bangladesí de 27 años de nombre Akayed Ullah, quien se habría radicalizado a través de internet y que había ingresado legalmente a los Estados Unidos en el año 2011 con una tarjeta de residencia que obtuvo bajo la modalidad de reunificación familiar.
Este macabro episodio ha dado pábulo a la administración de Donald Trump para retomar su retórica antiinmigrante, y desde ya abonar el proceso en busca de una reforma migratoria que deberán presentar en los primeros meses del próximo año. Movimientos populistas conservadores como “Alt-Right” –donde se agrupan las bases más sólidas del presidente republicano– han elegido al inmigrante ilegal como el “enemigo externo” a quien culpar y exacerbar así los ánimos de millones de estadounidenses que han visto mermar su calidad de vida como consecuencia de los cambios en el modelo económico global así como de la última crisis económica, de la cual Estados Unidos apenas comienza a recuperarse.
Pero el extranjero ilegal no es el único objetivo de estos grupos conservadores, ya que el temor de esa América Blanca se asocia también a los cambios demográficos que han convertido a los Estados Unidos en un país más diverso, donde ---según las proyecciones---, en los próximos años los caucásicos no hispanos y protestantes ya no serán la mayoría absoluta de la población.
De ahí que promuevan una reforma que modifique sustancialmente el sistema migratorio vigente para restringir las visas migratorias otorgadas bajo el modelo de “reunificación familiar” y establecer un régimen basado en méritos y habilidades para el trabajo.
En el año 2006, Jeff Sessions ---entonces senador por el Estado de Alabama y hoy Fiscal General de los Estados Unidos---, tomó un turno en medio de una discusión sobre la reforma migratoria que promovía el entonces presidente George W. Bush, en la cual establecía que los dominicanos que llegan a los Estados Unidos no lo hacen a partir de sus habilidades y de lo que pueden aportar a esa sociedad, sino que llegaban porque eran pedidos por otros familiares y relacionados.
Sessions buscaba hacer valer una posición que ha sostenido esa derecha ultraconservadora desde hace décadas, y es que se necesita una reforma que dé un giro de ciento ochenta grados al sistema migratorio estadounidense para privilegiar los méritos, los talentos y las habilidades para el trabajo sobre el reagrupamiento familiar.
La administración Trump no ha perdido la ocasión para sacar provecho de la situación migratoria del alegado terrorista, e iniciar una campaña en la dirección de predisponer a la población y presionar a los congresistas con el fin de presentar a inicios del próximo año una reforma migratoria integral que, además de fortalecer la seguridad fronteriza ---muro incluido---, robustezca también el modelo basado en méritos. Un despacho de prensa informa que la Casa Blanca divulga desde la pasada semana cifras del Departamento de Seguridad Nacional que muestran que de los casi 13 millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en la última década, más de nueve millones lo hicieron solicitados por familiares que ya eran residentes o ciudadanos de ese país, y que sólo uno de cada 15 inmigrantes que recibieron la tarjeta de residencia permanente lo hizo por sus capacidades y habilidades laborales. Hasta ahora los demócratas se han opuesto a una reforma migratoria de estas características. Pero con el sensible caso de los 800 mil “dreamers” que quedaron desprovistos del programa DACA ---y que por tanto son susceptibles de ser deportados a partir de marzo, y a los que hay buscarles una solución legal--- y las elecciones de medio término previstas para el próximo noviembre, hasta los congresistas más liberales podrían hallar razones para hacer concesiones. Una situación que, de presentarse, sin dudas tendrá un impacto importante en los cerca de dos millones de dominicanos que residen en los Estados Unidos… Así como los cientos de miles que viven en el lar nativo, pero que están locos por irse a vivir a la tierra del Tío Sam.