Salud colectiva y presupuesto 2018
Supervisar, controlar y garantizar la salud colectiva es la principal función que, junto a la rectoría del sector, realiza el Ministerio de Salud Pública.
La provisión de los servicios de salud, su gestión y planificación quedaron a manos del Servicio Nacional de Salud (SNS) que conduce el doctor Monegro.
La salud colectiva es la esfera maestra y troncal de un sistema de salud porque ella modula y regula, mediante políticas rectoras, el comportamiento de los actores sectoriales con miras encarrilarlos hacia el bien común que en este sector lo constituyen los objetivos nacionales de salud.
Es la esfera en la que el país ha obtenido un mejor desenvolvimiento durante el 2017 ya que la doctora Altagracia Guzmán Marcelino se ha dedicado en cuerpo y alma a articular esa función que, por demás, es una de la que menos recursos financieros consume del presupuesto asignado a salud pública.
Los logros en la materia quedan patentes en que, pese a las intensas lluvias registradas durante el año 2017, estuvieron bajo control los esperados brotes epidémicos derivados de esas causas y sólo ante la leptospirosis se registró un incremento de casos igual al 8.34% entre las semanas 1 y 50 (primero de enero y 16 de diciembre) del 2017, respecto a igual período del 2016. La enfermedad produjo 72 muertes en el 2016 y 76 en el 2017, revelando una constante en el ratio casos/muertes por su causa. Esta varianza, no significativa, habla de latencia. Las muertes por leptospirosis fueron 10.18% y 9.92% de los casos registrados, respectivamente, y descendieron sólo, a lo largo del período, 0.26%. Nótese, sin embargo, que en tanto la tasa de incidencia de la enfermedad incrementó de 7.30 a 7.83, con una variación igual al 7% según el Ministerio de Salud, el ratio muerte por casos o incidencia (morbimortalidad) se estabilizó, presentando una baja casi imperceptible pero baja, pese a las condiciones adversas y pese a la severidad de las lluvias y las inundaciones por los ciclones del 2017, muy superiores a los del año anterior.
Todos sabemos que la leptospirosis es referida como una emblemática enfermedad de la pobreza y, más aún, de la pobreza extrema. Sin embargo, en República Dominicana su prevalencia recibe fuertes estímulos de factores ajenos a la salud. Quien suscribe atestiguó niños de las vecindades del kilómetro 22, incluyendo las que bordean la Carretera Duarte, chapoteando descalzos y medio desnudos entre las aguas acumuladas en una pendiente, frente a los caseríos de su vecindario. Ese charco estaba alimentado, adicionalmente, por las aguas de una “cañada” que traía todo tipo de aguas negras y en esa ocasión formaba una capa verduzca que los cuerpos de los infantes atravesaban, ignorando el peligro.
Hay, por tanto, factores predisponentes derivados de la carencia histórica de controles en el desarrollo urbano de las principales ciudades del país. El incremento de la incidencia de enfermedades como esta sólo se puede combatir con la intervención conjunta del Ministerio de Obras Públicas, los ayuntamientos, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados (CAASC), las escuelas y las Juntas de Vecinos. Es perentorio tener gestiones públicas más cercanas a las necesidades que el desarrollo urbano y económico social del país han definido como urgentes. Huyendo de los campos, la gente ha venido a las ciudades, a vivir en el peor de los hacinamientos. Los gobiernos, históricamente, han venido con sus carteras de proyectos. Los problemas de drenaje y abastecimiento de agua potable han venido a resultar urgentes e impostergables por lo extendido de su abandono. Sin esas soluciones, vano e injusto será pedir al ministerio de salud pública mejores resultados en los indicadores de salud.
Junto a esto, el país ha visto a la ministra de salud dando el frente a cada problema. La ha visto descender a barriadas y poblados con brotes potencialmente epidémicos. La ha visto capitanear el ejército de vacunadores, las ventas de condones en las farmacias del pueblo, los operativos de erradicación de mosquitos y prevención en salud, las investigaciones sobre intoxicaciones, la batida contra el procesamiento ilegal de alimentos y bebidas…, la clausura de centros de salud ilegales o en la ilegalidad…
A Altagracia Guzmán sólo le resta ir casa por casa a dar por ella misma servicios de salud a parturientas, infantes y contagiados de enfermedades infecciosas.
El país, la ciudadanía, las organizaciones y entidades vinculantes a los problemas sanitarios derivados de sus procesos pendientes (suministro de agua e instalación de drenajes, por ejemplo) deben unirse a Salud Pública para poner un valladar en las consecuencias para la salud de sus falencias.
Y el propio gobierno central podría dedicar unos millones de pesos para que, además de terminar los hospitales, se duplique el número de Unidades de Atención Primaria (UNAPs), garantizando su instalación en esos focos de infecciones bien conocidos por todos, eufemísticamente designados poblaciones en alto riesgo.
Si por causa combinada de un clima que no podemos cambiar y una deuda social histórica que implica fuertes deficiencias en el suministro de agua potable y drenajes en las comunidades marginadas o periféricas, entonces el reto es impedir que la alta incidencia de enfermedades infecciosas derivadas del agua y su carencia se traduzca en muerte. Eso es posible mediante información oportuna y persistente dirigida a las comunidades afectadas o en alto riesgo y, también, llevando servicios de salud más cercanos a la gente: UNAPs.
Para el 2018 la salud cuenta con un ligero aliciente. El nuevo presupuesto de la cartera es 3.36% superior al del 2017 en un presupuesto general del Estado que es 10.49% superior al del año anterior.
Fuera un gran gesto que, mediante transferencias, el presidente Danilo Medina lo llevará, al menos, a RD$83,674 millones, lo colocará 10% por encima del presupuesto anterior.