LA GRAN AUSENTE EN SALUD
La descripción que hace Listín Diario en una serie de trabajos sobre la cantidad de parturientas haitianas que llegan en cofradía desde Haití a parir en los hospitales de nuestro país, refleja que estamos en presencia de un grave problema al que el Gobierno, en nombre de la solidaridad, se ha hecho de la vista gorda para, simplemente, no “meterle el pico”.
Las autoridades de Salud estiman en tres mil millones de pesos al año el gasto que representan los servicios hospitalarios para atender a los miles de haitianos, entre ellos mujeres preñadas, que cada día colman las habitaciones y unidades de cuidados intensivos de nuestros centros asistenciales públicos. Estamos hablando de una suma respetable de recursos que bien podrían estar destinados a proyectos para elevar la calidad de vida de millones de dominicanos muy pobres que viven hacinados a orillas de los ríos, con la esperanza de encontrar una mano solidaria para salir del hoyo, por ejemplo del tipo de inversiones como el proyecto Domingo Savio, en la ribera occidental del Ozama, que ha generado gran expectativa entre los habitantes de varios barrios depauperados de la zona.
Estas mujeres preñadas, en mayoría de casos indocumentadas, que cada día cruzan la frontera, son traídas a parir aquí con la seguridad de que, en nombre de la solidaridad, se les darán todas las atenciones gratuitas, mientras a las dominicanas, en iguales condiciones, lo primero que se les exige es la presentación del carné de la Seguridad Social, aunque finalmente se les atienda. Y esto, en efecto, tiene un nombre: Una gran injusticia.
Para que tengamos una idea de la envergadura y lo que esto representa, para citar solo un caso, en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, uno de los hospitales maternos más emblemáticos del país, en la sala con seis camas para asistir a igual número de pacientes, cuatro de estas son ocupadas cada día por parturientas del vecino país.
De estas mujeres se estima que el ochenta por ciento viene directamente desde Haití sin haber pasado por ningún centro de salud, y otras llegan referidas de centros de primer nivel o de hospitales de las provincias fronterizas dominicanas con uno o dos chequeos, y en condiciones complicadas, como nos cuenta la periodista Doris Pantaleón en una de las historias publicadas la semana pasada.
Si el Estado haitiano no tiene capacidad para satisfacer mínimamente las demandas de servicios hospitalarios a su población, no puede ser la República Dominicana, llena también de grandes carencias, la que lleve una carga tan pesada ante la mirada indiferente de una comunidad internacional que vive al acecho para poner en entredicho la imagen de este país.
Todo el extranjero, haitiano o de cualquier otra nacionalidad, que quiera venir al país en busca de salud, bienvenido será, pero tiene que pagar, porque estos servicios cuestan aquí y en todas partes del mundo. Cada vez que el Estado dominicano eroga miles de millones de pesos al año para dar atención a los pacientes haitianos, venezolanos y de otras latitudes, está entregando, sin permiso, el dinero de los contribuyentes, unos recursos que deberían estar dirigidos a proyectos sociales para beneficio de una gran masa de familias pobres que están pasando penurias en nuestros campos y barrios. No estamos hablando de nacionalismo. Estamos hablando de realidades que nos dan en el pecho.
Es una situación que, al parecer, está fuera de control de las autoridades de Migración y de las Fuerzas Armadas, que han resultado incapaces de ponerle freno a esta ola, cada vez más creciente, de ilegales haitianos que cruzan la frontera sin siquiera pedir permiso porque no les tienen respeto a nuestras instituciones. ¿Pasa lo mismo en Bahamas, un pequeño archipiélago poco distante de República Dominicana en el noreste de La Española? La respuesta es NO. Y todo porque ese gobierno hace respetar sus leyes migratorias, precisamente lo inverso de lo que pasa en nuestro país.
Ante el problema que está representando la inmigración ilegal, principalmente haitiana, el gobierno del archipiélago le hizo un llamado a las empresas para que se abstengan de emplear inmigrantes en situación irregular, porque de lo contrario se enfrentan a pagar multas y a sentencias penales ante los tribunales. Mientras a Bahamas nadie les critica por imponer el imperio de la ley para proteger los intereses de sus ciudadanos, aquí nadie entiende por qué las autoridades de Migración, dígase el gobierno, actúan con tanta pasividad ante lo que está a la vista de todo el mundo.
Son los propios médicos los que han advertido que el flujo cada vez creciente de parturientas haitianas, que demandan servicios en los hospitales dominicanos, se debe a que las autoridades migratorias permiten su entrada al territorio nacional con el conocimiento de que casi están al punto de parir.
La pelota está en la cancha…