PROPUESTA DEL PACTO ELÉCTRICO TRAE GRANDES CAMBIOS
(+) De acuerdo con el documento del pacto eléctrico, las decisiones sobre el nuevo régimen de tarifas y de subsidio deberán ser adoptadas a más tardar el 31 de marzo próximo.
El Gobierno está compelido a impulsar la firma del pacto eléctrico en este mes, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el anteproyecto de ley que reposa en manos del Poder Ejecutivo y en cuyas ejecutorias hay metas que deben ser puestas en vigor en los primeros meses de este año 2018.
En el anteproyecto que considera de “alta prioridad” para el Estado garantizar la competencia en el sector eléctrico deroga el artículo 110 y el literal b del artículo 56 de la Ley General de Electricidad 125-01, el primero relativo a los precios de generación a distribución del servicio público y, el segundo, sobre obligaciones de los concesionarios del servicio público de distribución.
En el literal b del artículo 56 de la Ley 12501, que sería derogado, se ordena a la SIE (Superintendencia de Electricidad) mantener contratos vigentes con generadores que les garanticen un porcentaje de su requerimiento total, de potencia y energía para clientes regulados, por un mínimo de ocho meses.
En los primeros dos meses de la aprobación del pacto, los ministerios de Energía y Minas y el de Hacienda deberán emitir una normativa para establecer las instituciones gubernamentales que se consideren No Cortables y establecerla forma de pago de estas a las EDE (Empresas de Distribución Eléctrica).
En tanto que a partir de los tres primeros meses de este año se tiene que haber diseñado un Plan Estratégico de Negocios para mejoras de gestión de aquí al 2022. Ese plan, conlleva la reducción de pérdidas en las EDE hasta un máximo de 15% en seis años, mayores sanciones contra el fraude, pero también la presentación de un régimen tarifario de referencia hasta el 2023, con la finalidad de sentar las bases para la implementación de la tarifa técnica.
El diseño de un régimen tarifario de referencia deberá ser presentado en los primeros cuatro meses de este año, para que rija a partir del 1 de julio, previa elaboración de la SIE.
El nuevo régimen, a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd); y del Ministerio de Hacienda, presentará un estudio de costos de las EDE, el monto del subsidio y propuestas de estructuras tarifarias que reduzcan la dispersión entre los tramos tarifarios y racionalice el subsidio cruzado.
La política de subsidio estará a cargo del presidente de la República y deberá entrar en vigor a partir del 1 de julio próximo por un plazo de cuatro años, hasta el 2022.
De acuerdo con el documento final del pacto eléctrico, la SIE establecerá el régimen tarifario de referencia. “Las decisiones, tanto sobre el régimen tarifario de referencia como de la nueva política de subsidio eléctrico deberán ser adoptadas a más tardar el 31 de marzo de 2018”, dice.
No obstante, hasta junio, las tarifas a los usuarios regulados se mantendrán invariables, para ser ajustadas cada tres meses a partir del 1de julio, tomando en cuenta el precio medio de compra, la tasa de cambio, la reducción de pérdidas y la mejora de la eficiencia.
El régimen tarifario de referencia deberá incorporar el VAD (Valor Agregado de Distribución); establecer hasta un 15% de pérdidas, un 97% de cobranzas, un 10% entre la relación de gastos operativos versus ingresos. Además, una nueva estructura tarifaria simplificada que racionalice el subsidio cruzado, el cual no debe ser nunca menor al precio promedio de compra de las EDE e identificar los sectores que están exentos del subsidio.
Industriales de Herrera han manifestado rechazo a la firma del pacto, sector al que se sumó ayer el político y experto en energía, Milton Morrison.
El documento del pacto contiene 58 páginas y 10 “items”.