Inician segunda fase del plan de Regularización
Las autoridades migratorias de República Dominicana iniciaron ayer la segunda fase del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), una iniciativa puesta en marcha tras una polémica sentencia que en 2013 estableció los parámetros para adquirir la nacionalidad en este país.
La segunda fase del PNRE comprende a la categoría de no residentes, para que estos puedan renovar o cambiar de estatus migratorio, según la Dirección General de Migración (DGM).
Esta etapa se realizará por regiones y de manera gradual, empezando por la zona este, a la que seguirá el sur, norte y posteriormente, el 7 de febrero, la capital del país, precisó la DGM en un comunicado.
El Gobierno dominicano puso en marcha el PNRE en 2014 junto a la Ley Especial de Naturalización, tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de septiembre de 2013 que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.
El fallo estipula que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados a pesar de haber nacido en el país, ni tampoco los descendientes de extranjeros “en tránsito” en la nación. Esta decisión afectó principalmente a miles de haitianos indocumentados residentes desde hace años en territorio dominicano y a sus descendientes nacidos en el país.
Un total de 249.950 extran- jeros se inscribió al plan, entre ellos 244.366 haitianos, según cifras oficiales.
Haití y República Dominicana comparten una frontera de casi 400 kilómetros donde son frecuentes las denuncias de tráfico de personas y contrabando de armas y animales.
Según datos de la DGM, 110.030 extranjeros procedentes de 33 países que se encontraban en situación migratoria irregular en la República Dominicana fueron devueltos a sus naciones en 2017.
De acuerdo con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la sentencia del TC dejó en condición de apátrida a miles de haitianos, lo que es negado por las autoridades dominicanas.
Entre estas organizaciones figura Amnistía Internacional (AI) que tras la sentencia consideró que “en la práctica” las autoridades dominicanas “han barrido del mapa” a cuatro generaciones de dominicanos “de un plumazo” a través de un “laberinto burocrático y jurídico” que ha convertido en “apátridas” a miles de personas en una nación de “ciudadanos fantasmas”.