Sistemas de pensiones en América Latina
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Panorama Social publicado el pasado mes de diciembre, advierte sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de pensiones en los países de la región.
La publicación es pertinente, puesto que la tendencia es hacia el envejecimiento de la población, lo que llevará a que cambiemos nuestro enfoque de las políticas públicas. La transformación en la composición sociodemográfica de nuestra región, llevará a un aumento de la demanda de cuidados, salud y pensiones; y una disminución considerable en la educación primaria y media, así como la salud materno-infantil.
Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la CEPAL, afirma que para el 2040, las personas de 60 años y más, superarán a las de 0 a 14 años. Es un dato fundamental en la concepción de las políticas públicas post 2030, cuando se completen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De acuerdo a las informaciones actuales, hay evidencias de que tanto la pobreza general como la pobreza extrema, disminuyeron considerablemente en el rango de las personas consideradas adultos mayores, como resultado de las políticas sociales y las pensiones contributivas y no contributivas.
Sin embargo, es preocupante que menos de la mitad de los ocupados del quintil 1 y 2 son asalariados, y que por ende no tienen cobertura contributiva en la seguridad social, lo cual les dejaría fuera del sistema de pensiones. El mismo informe plantea que la proporción de trabajadores que continúa desprotegida es más elevada en las zonas rurales, entre las personas con menos escolaridad y en los sectores de menor productividad.
La suma de estas dos realidades, es decir, el envejecimiento de sociedad y la brecha existente en la participación de las personas más vulnerables en los sistemas de pensiones, genera preocupaciones en torno al panorama social de la región, las cuales debemos abordar en la actualidad.
Llama la atención el rol de los sistemas de pensiones en la igualdad de género. Lamentablemente, más de la mitad de las mujeres de la región que tienen alguna ocupación, se encuentra en sectores de baja productividad y apenas 1 de cada 5 están afiliadas a la seguridad social o cotiza en algún sistema de pensiones.
Según el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en un informe titulado “La salud y la seguridad social, otras desigualdades de género en la República Dominicana”, esa misma brecha de género existe en nuestro país, debido en gran parte porque el 52% de las mujeres afiliadas a la seguridad social están como dependientes y, por ende, no tienen acceso igualitario al sistema de pensiones. Por igual, se observa un menor acceso de la mujer al empleo formal.
Camila Arza, autora de “El diseño de los sistemas de pensiones y la igualdad de género: ¿Qué dice la experiencia europea?”, advierte que “la brecha de género del sistema de pensiones surge de la combinación de dos conjuntos de factores: los que tienen que ver con la trayectoria diferenciada de hombres y mujeres en el mercado laboral, por un lado, y los que tienen que ver con las reglas del sistema de pensiones de cada país, por el otro”. Abordar ambas cuestiones requiere de políticas públicas claras y precisas, que generen cambios sustanciales en el funcionamiento del modelo.
Hay que evaluar y consolidar los sistemas de pensiones en la región, para seguir contribuyendo a la reducción de la pobreza y la desigualdad, abordando las realidades generacionales que las tendencias sociodemográficas nos plantean.