En pos de solución
La admisión hecha por la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, de que por la realidad sanitaria imperante en Haití sus parturientas seguirán cruzando la frontera para dar a luz en los hospitales dominicanos, reclama la solución a una problemática de corte humano, económico, social, migratorio y nacionalista.
Guzmán reveló que República Dominicana podría colaborar con equipamiento a un proyecto de construcción de hospitales que impulsa la Unión Europea en la zona fronteriza. Algo que ayudaría a palear una situación, que aunque explicada como la consecuencia de las dificultades y el acceso a los servicios de salud en la vecina nación, es mucho más grave tanto en el fondo como en la forma.
Y es que al margen del compromiso humanitario que significa dar atención a esas embarazadas y cuyos partos superan los 8 mil quinientos al año, subyace el problema de que una gran parte de ellas se quedan viviendo (con sus hijos) ilegalmente en nues- tro país incentivando a grupos, que como denunciara el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez, organizan hasta especies de “tours” para esos fines.
Si en Haití existen o no las suficientes condiciones sanitarias o de accesibilidad para que sus embarazadas puedan traer al mundo sus productos es un tema a discutir ya que hay quienes aseguran que si las tienen, pero que como allá hay que pagar, prefieren cruzar de este lado donde les sale más que gratis.
Pero lo que sí es cierto es que el de las parturientas ilegales es un tema que erosiona nuestro presupuesto de salud al tiempo que lucra los bolsillos de unos cuantos por lo que hay opiniones que ven más conveniente para el país que, y con los organismos internacionales involucrados para asumir los costos operativos y del personal médico, le donemos a Haití (y colocadas en su lado fronterizo) dos o tres pequeñas clínicas o salas obstetricias. Porque al margen de lo que puedan costar esas estructuras, siempre será menos oneroso que los más de cinco mil millones de pesos que anualmente nos cuesta ese problema, al tiempo que les eliminaría la excusa del traslado y nos quitaría a la comunidad internacional de encima para poder endurecer los de por sí débiles controles existentes.