REUNIÓN DE CIDH BUSCA IMPULSAR CAMBIOS EN LA LEY MIGRATORIA DE RD
El embajador dominicano ante la OEA, Gedeón Santos (izquierda), cuando exponía ayer en la apertura de las audiencias públicas que celebra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Bogotá, Colombia. La CIDH pidió diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno de República Dominicana para solucionar los conflictos derivados de la migración de ciudadanos de Haití.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invocó ayer el diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno de República Dominicana para solucionar los conflictos derivados de la migración de ciudadanos de Haití.
“Hay que perseverar, hay que participar. Vamos a seguir perseverando en el diálogo”, aseveró el comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas en una audiencia pública para evaluar el cumplimiento de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en República Dominicana.
Tanto los representantes de las organizaciones sociales del país como del Gobierno dominicano acordaron abrir unas “mesas de diálogo” para tratar la problemática, una iniciativa que fue bienvenida por la presidenta de la audiencia, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Un vocero de los afectados por las leyes de migración del país, Beneco Enecia, saludó “la iniciativa del estado dominicano al proponer la posibilidad de crear esas mesas de diálogo”.
El representante del estado dominicano en la audiencia y embajador del país caribeño ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gedeón Santos, advirtió que “se va a requerir una gran voluntad política de todos los actores del país” para impulsar cambios en la legisla- ción migratoria, “también de la sociedad civil”.
El conflicto derivado del fuerte flujo migratorio de haitianos hacia República Dominicana se avivó con una polémica sentencia del Tribunal Constitucional del país en 2013, que establecía los parámetros para adquirir la nacionalidad en el país.
Un informe de Amnistía Internacional publicado la semana pasada afirmó que esta sentencia privó “de manera arbitraria y retroactiva de la nacionalidad dominicana” a un gran número de personas.
El texto también criticó el Plan Nacional de Regularización de Extrajeros (PNRE), una iniciativa puesta en marcha en 2014 tras la sentencia constitucional, por ser aplicado “de manera deficiente”.
Las organizaciones sociales pidieron ante al órgano de la OEA restaurar la nacionalidad dominicana a las personas que fueron afectadas pordicha ley, además de crear unas mesas de diálogo con las instituciones para debatir la problemática.