El voto militar
Esta vez de manos del expresidente Hipólito Mejía, y en ocasión de la celebración el pasado fin de semana del Día de las Fuerzas Armadas, el tema del voto de los militares y policías entra nueva vez al tapete.
Asegurando que ya no existen las razones que justificaban la prohibición, el exmandatario se declara a favor de una reforma constitucional que permita que los uniformados puedan ejercer el sufragio, aunque prohibiéndoles el proselitismo y que puedan ser candidatos a puestos electivos.
El planteamiento, hasta cierto punto audaz y que pudiera levantar las cejas de mucha gente, es sin embargo muy lógico y legalmente reivindicativo toda vez que es la propia Constitución de la República la que ante el tema plantea una contradicción, ya que mientras permite y garantiza en su artículo 21 el voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años o que estén o hayan sido casados, en el 208 discrimina a los guardias y policías.
Una paradoja legal que conculca los derechos de miles de hombres y mujeres de uniforme quienes, y como muy bien lo razona el escritor, columnista, piloto y exjefe de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Carlos Altuna Tezanos, en su ensayo de fecha 5 de septiembre de 2015 para el LISTÍN, bajo el título de “Voto de militares y policías”, contrasta con el derecho elector que tienen esas personas en las diferentes asociaciones, juntas, clubes o directivas a las que pertenecen en su vida personal o profesional.
Más allá del rédito político del planteamiento de Mejía, quien asume la voz de afectados que no pueden expresarse, si se garantizase un protocolo efectivo para evitar y sancionar el laborantismo partidista o cualquier manifestación, sea institucional, pública o privada que vaya más allá de introducir una boleta en una urna, se les permitiera votar a los guardias y los policías, sus condiciones tanto operativas como de vida aumentarían significativamente.
De 1854 al 1924 nuestra Carta Magna permitía ese tipo de voto y actualmente somos de los muy pocos países del área que aun mantiene la prohibición.
Evidentemente que el tema reclama de un debate profundo, donde se definan los pro y los contras de la opción, pero ya es hora de asumirlo porque no es justo hasta a los presos preventivos se les permita el derecho al voto y no así a los miembros de nuestras instituciones castrenses y policiales.