REFORMA A LA LEY DE COMPRAS 340-06 BLINDARÍA AL ESTADO
Nueva ley de compras y contrataciones castigará duramente la corrupción.
(+) La Finjus considera que es impostergable comenzar a discutir el “Anteproyecto de ley sobre contrataciones públicas”.
El anteproyecto para reformar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones busca blindar al Estado dominicano contra los actos de corrupción.
En su artículo 11 el anteproyecto establece que quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado deberán ser excluidos de manera permanente de las contrataciones públicas.
Quienes hayan estado involucrados en actos de corrupción no podrán celebrar contratos con el Estado ni directamente, ni a través de otras personas ni de sociedades con las que estén vinculados, según precisa el borrador del anteproyecto de ley. Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) este aspecto, aunque pudiera resultar polémico, resultaría muy beneficioso para la transparencia de los procesos de contratación en el país.
Esto es “una herramienta eficaz para el combate a la corrupción”, asegura la organización, que ha trabajado en la elaboración de la propuesta de reforma de la Ley 340-06. “El sistema de compras y contrataciones públicas amerita una reforma urgente y sustancial (…). Tenemos la certeza de que esta reforma normativa y estructural significaría un gran avance institucional en materia de calidad de la administración, transparencia, seguridad jurídica y go- bernabilidad democrática”, asegura la Finjus.
Otro de los aspectos más interesantes del anteproyecto, y que podría generar mayor fortalecimiento institucional, según la Finjus, es la instauración de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado.
Este régimen, establecido en el artículo 10, indica que no podrán ser oferentes o contratar con el Estado y sus instituciones las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico vigente en el ámbito de los países de los que República Dominicana forme parte de tratados o convenciones internacionales contra la corrupción, entre otros,