Indefendible
Por más argumentaciones técnicas que se esgriman, detalles de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas (CC) a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), revelando la dilapidación de más de tres mil millones de pesos no tiene ningún tipo de justificación administrativa que no sea la falta de controles o la existencia de algún padrinazgo.
La experticia, practicada en el lapso de 2012 al 2017, bajo la administración de Manuel Rivas, encartado junto a ocho personas por el rapto y posterior asesinato del abogado y comunicador Yuniol Ramírez en octubre del año pasado, indica la inobservancia no solo de lo estipulado en la Ley 34006 de Compras y Contrataciones o las normas elementales de control y auditoría, sino hasta del propio sentido común. Algo inexplicable (o más bien injustificable) sabiendo lo difícil que suelen resultar la permisología y los procesos burocráticos para lograr vender o cobrar algo en el Estado donde las filigranas y los periquitos parecen no tener fin involucrando desde la Dirección de Impuestos Internos, Compras y Contrataciones, Cuenta Única y los departamentos internos de Ética y Auditoría que donde por cualquier quítame esta paja detienen un proceso de pago o de contratación. Sin embargo, en el caso OMSA y como por arte de magia (o de coimas, miedos e influencias) no solo 25 empresas, algunas vinculadas a ejecutivos de la institución, lograron hacer negocios por más de mil millones de pesos, sino que tampoco se les pudo verificar las direcciones físicas ni su paradero. Suplidores tan y tan “suertudos” a los que entre otras inobservancias legales y administrativas, se les pagaba por adelantado hasta el cien por ciento de las contrataciones entre otras irregularidades, como compras sin contrato las que habían sido denunciadas por Ramírez aunque con fines de extorsión según indica el expediente, y por lo cual fue asesinado luego de haberle realizado un primer pago.
Cinco años de un escenario perverso que involucra el asesinato, la asociación de malhechores, corrupción, cohecho y el soborno, pero al que la auditoría de la CC le adiciona los elementos alarmantes de por qué estas cosas no solo se estaban dando, sino por qué los que tenían la responsabilidad de vigilar no las veían o no las querían ver.