64 mil alumnos de colegios se pasaron a las escuelas públicas
COLEGIOS ACUDEN AL CONGRESO A PRESENTAR SUS QUEJAS Y DEMANDAS
(+) Varios diputados tomaron la palabra y coincidieron en su mayoría en dar un apoyo a los colegios privados, a fin de que no desaparezcan.
Apartir de la aplicación del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, los colegios han decrecido a tal punto que el pasado año, 64 mil estudiantes se trasladaron a la educación pública.
El Pacto por la Educación, firmado por el Gobierno y representantes de diferentes sectores en abril de 2014, permitió la asignación del 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria, con lo cual se han construido nuevas escuelas, se implementó la tanda extendida, se mejoró el desayuno escolar, se aumentaron los salarios de los maestros y miles de estudiantes pasaron a las escuelas públicas.
La alerta fue hecha por una representación de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) que acudió por ante las comisiones Permanentes de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para oponerse a un proyecto de ley que plantea el no pago de la reinscripción de los alumnos.
Al advertir que el sector está a punto de desaparecer, los dueños de colegios dije- ron que el año pasado representaban el 25 por ciento del sector y hoy bajó a 23 por ciento.
Los diputados escucharon sus inquietudes sobre el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción y establece la gratuidad de reinscripción a estudiantes en centros educativos privados.
Julia Muñiz, directora ejecutiva de AINEP, consideró la ley que regula las tarifas de los colegios privados, el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sobre los derechos del consumidor y sobre la deducción de los gastos educativos, y su impacto en el sector.
También presentó todos los sectores que impactan en el educativo privado como son la Dirección General de Impuestos Internos, la de Aduanas, Pro-Consumidor, el Ministerio de Hacienda, el de Trabajo, Tribunal Constitucional, Ministerio de Educación y otros.
Enumeró “la carga económica con la que tienen que acarrear los dueños de colegios”, como son la Dirección General de Aduanas (DGA), impuestos, telecomunicaciones, préstamos comerciales, capacitación docente, pasivo laboral, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), alquileres, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Infotep, cuentas por cobrar y reparación a final del año.
Dijo que reconocen la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación, según la Ley 66-97, de supervisar los Centros Educativos Privados, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento Jurídico, sin imponer exigencias superiores a las que rijan a las instituciones públicas.
Manifestó que los Centros Educativos Privados no pueden prescindir del cobro de reinscripción, ya que este es un contrato entre los padres y el centro para garantizar el compromiso de continuidad y que el costo establecido por concepto de reinscripción es parte del costo anual de la matrícula del estudiante.