JCE: impedida de acatar ley primarias
El presidente de la Junta Central Electoral, el apreciado amigo doctor Julio César Castaños, planteó en la Cámara Americana de Comercio que el costo de celebrar unas elecciones primarias generales y simultáneas superaría los 5,600 millones de pesos, y que implicaría un enorme reto para ese organismo de comicios organizar cuatro elecciones generales, en apenas 6 meses, a partir del 17 de noviembre del año 2019; otra en febrero del 2020; otra en mayo del 2020 y una eventual segunda vuelta 45 días después.
El planteamiento del presidente de la JCE es una advertencia clara del desastre que implicaría, en el orden práctico y logístico, la implementación de las llamadas Primarias Abiertas, lo que compartimos plenamente, igual que todo dominicano sensato que lo escuchó.
En lo que diferimos del presidente de la JCE es en que, aún a pesar de todo lo difícil y costoso que serían las primarias abiertas, la Junta estaría eventualmente obligada a acatar la ley emanada del Congreso. Nuestro querido amigo Castaños sabe mejor que nosotros que él y los demás honorables miembros de la JCE juraron, al momento de asumir sus cargos, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, por encima de cualquier ley adjetiva.
Ante la circunstancia descrita, el presidente de la JCE no podría ignorar jamás el carácter vinculante e inamovible que tiene para él y la Junta el precedente jurisprudencial que en materia constitucional sentara la Suprema Corte de Justicia al acoger un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 286-04 de Primarias Abiertas y Simultáneas de fecha 16 de marzo de 2005, en el que el accionante fue el propio doctor Julio César Castaños Guzmán.
Nadie, en su sano juicio, puede imaginar que nuestro amigo Castaños, que de manera responsable elevara a través de su fundación un recurso de inconstitucionalidad en contra de las Primarias Abiertas y Simultáneas, alegando graves violaciones a la Constitución, y sobre todo al derecho de asociación y a lo relativo al carácter constitucional de las convocatorias a las asambleas electorales, únicamente para los fines de elección de funcionarios públicos, ahora, desde sus delicadas funciones, pueda desdecirse o echarse para atrás de sus convicciones, que fueron refrendadas a unanimidad por 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte Constitucional.
La Junta Central Electoral, encabezada por su presidente, en todo caso, tendría necesariamente que llevar el caso de nuevo al examen constitucional por ante el TC, para que éste tenga la responsabilidad histórica de avalar o rechazar los criterios precedentes en la materia, y determinar si va a dar luz verde para meter al país en un berenjenal que puede terminar con el naufragio de la democracia dominicana.
No es cierto que la aplicación de una ley adjetiva es automática e imperativa para un poder electoral constitucional como es la Junta Central Electoral, que tiene un mandato supremo dado, por la Carta Magna de organizar y reglamentar todo lo concerniente a los procesos electorales, a los fines de garantizar una competencia justa y equilibrada y, sobre todo, que el pueblo dominicano pueda expresarse libremente en urnas, sin condicionamientos ni manipulaciones.
Las Primarias Abiertas pautadas para el 17 de noviembre de 2019, para noventa días antes de unas elecciones generales municipales; y 180 días antes de unas congresionales y presidenciales, serían una grave perturbación al mandato constitucional que tiene la JCE de organizar esas elecciones en el 2020. Involucrarse en organizar un proceso de primarias internas con más de 50,000 aspirantes en todo el país, que tendrían derecho a impugnar y a cuestionar el proceso de elección, emborronaría y sumiría al país en un caos institucional, en plena campaña electoral, puesto que los plazos de impugnación y ventilación de las eventuales candidaturas por el TSE chocarían y se juntarían con las fechas de elección popular. Un verdadero menjurje o “arroz con mango”, a lo cual, en el orden práctico, independientemente de los poderosos argumentos constitucionales debatidos y juzgados, no podría asociarse o darle apoyo, afectando gravemente su mandato esencial que es organizar elecciones libres y limpias en febrero y mayo del 2020.
Otro aspecto fundamental sería el secreto del voto y el condicionamiento en el electorado nacional que pueden tener los resultados de unas primarias abiertas, días antes de elecciones generales. Las primarias abiertas permitirían al partido que detenta el poder, sea hoy el PLD y mañana cualquier otro, identificar noventa días antes de las elecciones la intención de voto de cada elector, de forma que lo pueda condicionar y/o coaccionar. Ejemplo de los empleados públicos y beneficiarios de tarjetas de Solidaridad, que tendrían que ir a votar en masa a las primarias abiertas y registrarse en favor del partido oficial por temor a perder sus puestos de trabajo o los beneficios que el Estado les otorga. Con un partido oficial que compute más de un 70 por ciento en su favor en unas primarias abiertas, noventa días antes de unas elecciones generales, ¿no se viciaría y condicionarían los resultados en la elección popular? Sería una tragedia, para la democracia dominicana, que tanta sangre y sacrificio ha costado construir.
Al doctor Julio César Castaños, cuya seriedad y responsabilidad he defendido vigorosamente en público y en privado desde que su nombre empezó a ser considerado para dirigir la JCE, le digo desde esta tribuna, con todo el respeto y el afecto que él sabe le profeso, que tiene junto a sus compañeros de la Junta una responsabilidad histórica tremenda: Que en sus manos no perezca la democracia dominicana y colapse su sistema electoral, perturbado por una ley aberrante que ordena convocar al electorado noventa días antes de unas elecciones generales. Como bien dijo el propio doctor Castaños Guzmán, al fin y al cabo nadie está obligado a lo imposible.