ALTAS TASAS DE MORTALIDAD, EN TODOS LOS SENTIDOS
Pese a las metas prefijadas para reducir las muertes en el país, estas continúan desbordando los parámetros razonables en sus distintas causales.
En cuanto a víctimas fatales por accidentes de tránsito, las más de 2,500 muertes en promedio cada año nos siguen situando como el segundo país del mundo en ese renglón. En lo que respecta a las muertes por homicidios o violencia intrafamiliar, las cifras sobrepasan cada año las 2,500 en promedio.
El 30 por ciento de otras muertes, sobre todo las que se originan en problemas de salud, son consecuencia de trastornos cardiovasculares. La muerte de niños, con pocos meses o años de nacidos, superan el millar en promedio, y en una escala menor se encuentran las de las víctimas de epidemias tropicales.
Estas abrumadoras estadísticas deberían mover a una acción más decisiva del Estado para evitar esta alta mortalidad en cada uno de los escenarios donde se producen anualmente, revisando la naturaleza de los planes preventivos que se han asumido de tiempo en tiempo. Las autoridades de Salud Pública afirman que muchas de las muertes por enfermedades o epidemias son evitables si los ciudadanos se esmeran en cuidar su salud, pero es obvio que si no cuentan con buenos servicios de asistencia hospitalaria todo esfuerzo será fallido.
En cuanto a la espiral de muertes por la violencia, sea ésta intrafamiliar o callejera, su prevención es más difícil porque en ellas concurren las conductas imprevisibles de psicópatas y drogadictos, que se convierten en asesinos o atracadores, las frustraciones de jóvenes que no encuentran oportunidades para salir de la pobreza, los desenfrenos del tigueraje pandilleril y del orgullo machista.
La mortalidad causada por los accidentes de tránsito tiene su lógica explicación en las imprudencias de conductores de vehículos y motores que se resisten a respetar las reglas, todas las reglas.
Sabemos que no es fácil producir el descalabro radical de estas tasas de mortalidad, pero no obstante lo difícil que pueda parecer, ni el Estado ni la sociedad deben quedarse de brazos cruzados.
Es hora de abordar esta especie de tragedia nacional con políticas y acciones más precisas, sistemáticas y contundentes.