GREMIO RECHAZA TRIBUNALES MÓVILES EN CÁRCELES
El Colegio de Abogados de la República Dominicana considera ilegal la decisión del Consejo del Poder Judicial de instalar tribunales móviles en cárceles para el conocimiento de procesos a presos preventivos.
Mientras la familia del asesinado abogado Yuniol Ramírez quiere que los acusados de ese crimen cumplan presos el año de prisión preventiva que se les impuso, la defensa legal de dos de los imputados la acusa de querer retrasar el conocimiento de los recursos de apelación que sometieron sus representados, con los cuales buscan su libertad bajo fianza.
En tanto, el exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses, Manuel Antonio Rivas, y José Antonio Mercado (El Grande), se limitaron a reiterar que son inocentes, luego que la primera sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo aplazó nuevamente el conocimiento de los recursos de apelación.
El conocimiento del recurso de apelación interpuesto por Rivas fue pospuesto para el 23 de mayo, mientras que el de Mercado para el 29 de este mismo mes, ambos a los fines de que sean regularizados los actos de notificación de las citaciones hecha a familiares de la víctima para que comparezcan a la audiencia, por parte de los abogados de los imputados.
“No han notificado como manda la ley y hasta que no hagan lo que establece la ley se va a estar suspendiendo, porque nosotros lo que queremos es que Rivas dure su año preso, Faustino (Rosario Díaz, exfinanciero OMSA) su año preso, y El Grande su año preso”, enfatizó el abogado Ramón Ramírez, hermano de Yuniol.
Consideró que los abogados de los imputados están desesperados, debido a que el abogado de Rivas pidió que los representantes legales de la familia de Yuniol sean condenados a pagar 15 días de salarios por litigar de forma temeraria, y que le fue rechazado.
Una estrategia de violación
El abogado de Rivas, Carlos Salcedo, expresó que las víctimas, querellantes y actores civiles fueron a la audiencia de ayer con una estrategia de dilación del proceso, lo cual manifestó atenta contra principios fundamentales de todo proceso penal.
Sostuvo que el código procesal penal establece un procedimiento especial para la medida de coerción, que ha sido apelada. Dijo que se debe conocer en 48 horas a partir del recurso de apelación y tomar una decisión. Indicó que ese plazo venció el 21 de octubre de 2017, por lo cual afirmó que hay una demora en la administración de justicia que debe ser subsanada.
Mientras, el abogado de Mercado, Bunel Ramírez, señaló que acudieron ayer a un “show” más, porque entiende que los abogados de la familia de Yuniol no tienen interés en que se conozca el proceso.