El ‘peligro’ de Castaños
Cuatro elecciones nacionales en siete meses, a un costo de unos RD$20,000 millones, es un riesgo que no creo la democracia dominicana tenga por qué jugarse.
El tema es tan delicado, que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, ha planteado la situación como de ‘mucho peligro’.
Y la advertencia no es para menos, si vemos como se ha comportado la clase política, la sociedad, ante los esfuerzos que aparentan variados sectores por aprobar y poner en operación una Ley de Partidos.
La ecuación en que se basa la advertencia tiene mucho sentido y que esta fecha, 16 de mayo, es oportuna para reflexionar.
Si un proceso electoral nacional, regular, resulta generalmente traumático, tenso, lleno de incertidumbres, de temores, carísimo, ¿qué podemos esperar de cuatro procesos nacionales –primarias en noviembre 2019, municipales en febrero del 2020, presidenciales y legislativas, en mayo del 2020 y una eventual segunda vuelta en junio del 2020–, en ocho meses? mucha tensión, disputas inacabables, líos en los tribunales especializados –el Superior Electoral, el Constitucional– choques intestinos en los partidos, a todos los niveles.
A la advertencia del presidente de la JCE, sobre la celebración en sí de las eventuales cuatro elecciones nacionales, se agregan denunciadas situaciones de aspectos constitucionales, como por ejemplo, el que los síndicos y regidores que sean elegidos el tercer domingo de febrero del 2020 están programados para asumir a mediados de abril del 2020, mientras los que fueron electos en el 2016 y asumieron el 16 de agosto de ese mismo año, tienen mandato hasta el 16 de agosto del 2020, lo que podría provocar un ‘choque’ entre los que deben entrar, producto de los comicios de febrero, y los que deben dejar el puesto asumido el 16 agosto del 2016.
Pero también se teme que al llegar las elecciones –presidenciales y legislativas-- del tercer domingo de mayo, el TSE esté aún atiborrado con las querellas del resultado de los comicios municipales, agregado a las demandas intrapartidos y de candidatos comunes previo a los procesos de votaciones. Esto podría convertirse, entonces, en ‘un arroz con mango’.
A todo esto, la advertencia del presidente de la JCE pone el dedo en la llaga de una de las principales falencias de la nación: los recursos económicos. Ello así, porque cada proceso de votación nacional proyecta un costo entre $5,000 y $6,000 millones de pesos, o sea, para celebrar tres seguras –la de primarias, las municipales y las presidenciales con las legislativas- suponen un gasto de unos $15,000 y $18,000 millones de pesos y que si se diera una segunda vuelta en las presidenciales –en junio del 2020- serían otros $5 mil a $6 mil millones de pesos, para una foja superior a los $20,000 millones de pesos, para ser gastados en alrededor de ocho meses.
¿Es posible este gasto para una economía tan débil como la dominicana? ¿Es cierto que ‘la democracia es muy cara y hay que pagarla’, como dice la propaganda para justificar el gasto electoral-político de la nación?
Le invito a meditar y responderse usted mismo.