Bajadero político
El país no le perdonaría a la clase política que luego de casi dos décadas de turbulencias, forcejeos y abortivas, la ansiada (y necesitada) Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, zozobre nueva vez en el Congreso.
Y es que en medio de las brisas de consenso que se sintieron sobre la pieza, aún subyace el desacuerdo en la modalidad de elección interna para las candidaturas, donde uno de los bandos mayoritarios del Congreso y seguidores del presidente Danilo Medina, la quiere con padrón universal abierto, mientras que el otro, también oficialista y adláteres del exmandatario Leonel Fernández, la prefieren cerradas.
La radicalidad en las posturas hizo que Medina pidiera al Poder Legislativo la búsqueda de una salida o bajadero que pusiera fin al impasse, a lo que Fernández convino y todos aplaudieron aliviados. Solo que la sonrisa ha vuelto a ser mueca al saber que el tranque sigue porque los segundos permanecen cerrados en las cerradas.
En toda negociación hay una parte que dice “quiero”, y la otra dice “tengo”, a conciencia de que ambos bandos tendrán que tomar y ceder en algún momento, sobre todo si la idea es que la ley no muera. En tal virtud, luce salomónicamente justo y políticamente correcto lo planteado por la comisión bilateral legislativa para que sea cada organización la que de acuerdo a sus métodos determine cuál modalidad desea usar, así como que los torneos se hagan de manera simultánea.
La propuesta es inteligente y no sería una limitante ni una camisa de fuerza, ya que por lo contrario, daría opciones para que cualquier partido decidiera, en función al momento y a su realidad política, cuál modalidad usar.
El que los procesos se hagan en una misma fecha sería el elemento más trascendental de la pieza ya que, intereses grupales al margen, la simultaneidad de los certámenes evitaría el trasiego de militantes y sinceraría las nóminas partidarias.
Ahora, lo que es inaceptable es que más allá de la útil supervisión, sea la Junta Central Electoral que tenga que organizar, y mucho menos costear esos procesos particulares. Y es que si un partido no está en condiciones de gerenciar adecuadamente un escrutinio interno, mucho menos lo estaría para administrar un país.