Listin Diario

RD: centro de la corrupción mundial

- Santa Marte Santo Domingo ¿Cómo funcionaba?

La seguridad empresaria­l, la buena infraestru­ctura de comunicaci­ones y el internet fueron algunas de las razones que llevaron a los principale­s ejecutivos de la firma constructo­ra brasileña Odebrecht a instalar en República Dominicana las oficinas desde donde manejaban el entramado de sobornos con el que lograban obras multimillo­narias en al menos 12 países de América Latina y África.

Así lo confesó Hilberto Mascarenha­s Alves da Silva Filho, exdirectiv­o del Departamen­to de Operacione­s Estructura­das de la empresa, cuando le tocó enfrentar las acusacione­s por corrupción ante las autoridade­s de Brasil.

Desde territorio dominicano coordinaba­n toda la logística que le permitió crear una sólida estructura a través de la cual se manejaron 788 millones de dólares, incluyendo US$92 millones en sobornos pagados para que le adjudicara­n obras en República Dominicana.

La suma pagada en sobornos en el país le permitió obtener ganancias por 163 millones de dólares durante los años 2001 y 2014, según los documentos oficiales divulgados por las autoridade­s de Brasil.

Fue una decisión tomada por el propietari­o de la compañía, Marcelo Odebrecht, quien aseguró que la medida, aplicada en octubre de 2014, obedecía, principalm­ente, a motivos de seguridad.

Mascarenha­s Alves indica en un video que se trató de una “decisión de Marcelo por seguridad, principalm­ente seguridad empresaria­l. Él relata que tenía preocupaci­ón de que esa área estuviera situada en Salvador (Bahía, Brasil). Él se cansaba de decir que desde el inicio esa área debía ser implantada fuera de Brasil, no debía haber hecho nada desde Brasil”.

Para lograrlo tuvieron que emplearse a fondo creando una “sede de división” con dos oficinas que empezaron a operar en octubre de 2014 y desde donde se creaban empresas de carpeta. Estaban ubicadas en un lugar hasta el momento desconocid­o, debido a que según informó Alves da Silva Filho no fueron instaladas donde opera la empresa.

Las oficinas principale­s de la compañía brasileña están ubicadas en el sector La Esperilla, en esta Capital, las cuales fueron allanadas tras destaparse el escándalo. De allí se sacaron el 19 de enero de 2017 decenas de cajas repletas de documentos que le permitiría­n al Ministerio Público tener una pista de cómo funcionaba el esquema de sobornos implementa­do en el país para granjearse los 17 contratos para construir obras por un monto de cinco mil millones de dólares, desde el inicio de sus operacione­s en 2001. El Departamen­to de sobornos, disfrazado bajo el nombre de oficina de “Operacione­s Estructura­das”, era dirigido por los exejecutiv­os Luiz Eduardo Soares y Fernando Migliaccio, establecid­os en Miami, Estados Unidos, quienes viajaban todas las semanas al país para trabajar en las operacione­s desde territorio dominicano.

Casos de sobornos

Son varias las institucio­nes mencionada­s en el caso, siendo una de las principale­s la Corporació­n de Empresas Eléctricul­a”, cas Estatales (Cdeee), por ser artífice en la construcci­ón de la planta termoeléct­rica Punta Catalina, obra que tras estallar el escándalo se convirtió en el principal punto neurálgico para que se desapodera­ra a la compañía de su construcci­ón.

También están el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantaril­lados (Inapa), Obras Públicas, la Corporació­n de Acueductos y Alcantaril­lados de Santo Domingo (Caasd), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico­s (Indrhi), la Oficina de Ingenieros Supervisor­es de Obras del Estado (Oisoe) y la Empresa de Generación Hidroeléct­rica Dominicana (Egehid), cuyos directivos y exdirectiv­os fueron llamados por las autoridade­s. Aunque Odebrecht ha logrado acaparar la atención en República Dominicana por ser el caso más grande registrado en el país en cuando a delitos de corrupción se refiere, también hay otras institucio­nes que se han visto salpicadas por ese flagelo como lo es el caso de la Oficina Metropolit­ana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Oficina de Ingenieros Supervisor­es de Obras del Estado (Oisoe), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporació­n Dominicana de Empresas Estatales (Corde).

Sin embargo, aunque son decenas los involucrad­os, y miles de millones de pesos los desviados, hasta el mUSomento nadie guarda prisión por esos delitos.

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ARCHIVO/LISTÍN DIARIO

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