Hay poca novedad en expediente Odebrecht
APERTURA A JUICIO TIENE 518 PÁGINAS Y LA INSTANCIA DE MEDIDA COERCIÓN 336
Al comparar la solicitud de medida de coerción del 30 de mayo del 2017 con la acusación formal presentada el jueves por la Procuraduría General de la República, puede establecerse que hay poca novedad en el nuevo expediente.
La solicitud de apertura a juicio presentada ante el juez de instrucción de la Suprema Corte, Francisco Ortega Polanco, contiene 518 páginas, mientras que la solicitud de medida de coerción ante la Corte Penal tiene 336 páginas.
(+) Carlos Salcedo, el abogado de Andrés Bautista, afirma que la acusación formal contra su cliente es una repetición del pedido de coerción, en la que ve incoherencias y falta de fundamento.
La acusación formal presentada por la Procuraduría General de la República el pasado jueves en contra de los siete implicados en el caso Odebrecht contiene poca novedad, comparado con la solicitud de medida de coerción depositada el 30 de mayo del 2017 en contra de de los 14 encartados, ocho de ellos ahora excluido.
La solicitud de auto de apertura a juicio presentada por ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, contiene 518 páginas, mientras que la instancia de solicitud de medida de coerción tiene 336 páginas.
La mayoría de los ilícitos penales y elementos probatorios atribuidos por la Procuraduría en la acusación a los imputados, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), estaban incluidos en la instancia de medida de coerción.
En la instancia de solicitud de apertura a juicio figuran como acusados Ángel Rondón, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez (Chu), seis de los 14 contra quienes se solicitud prisión preventiva en la medida de coerción, con excepción de Vásquez , quien fue incluido ahora en la acusación por el Ministerio Público.
A juicio de Carlos Salcedo, abogado defensor de Andrés Bautista, la acusación formal en contra de su cliente es una repetición de la solicitud de medida de coerción, la cual calificó que incoherencias, y falta de fundamento.
Expresó que la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Andrés Bautista es dirigida a perjudicar a una persona que no tiene ninguna incidencia ni involucramiento en un hecho lamentable”.
Por su parte, el doctor Miguel Valerio, defensor de Díaz Rúa, consideró que la acusación tiene incongruencias y es “casi una repetición de la solicitud de medida de coerción”.
En la instancia de acusación formal contra del imputado Díaz Rúa, los elementos nuevos que no tenía la solicitud de medida de coerción, que se depositó en aquella ocasión, es que habría comprado un yate valorado en cinco millones de dólares con el dinero de los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht.
El yate al que hace referencia la Procuraduría es marca Pershing, color azul, del año 2011 y con 60 pies de eslora. La nave habría sido bautizada como “Balbie”, justo el nombre de la esposa de Víctor José Díaz Rúa.
En cuanto al imputado Roberto Rodríguez, el elemento nuevo que tiene la acusación, que no tenía la solicitud de medida de coerción, es que éste imputado recibió, por su colaboración, acercamiento y beneficios otorgados a Odebrecht, el 19 de enero de 2009, un pago de parte de Rondón, mediante recibo de cheque, desde la sociedad Arma S.A.
Señala que el cheque fue recibido a través de su cuñada, la señora Esther Jacqueline Jiménez Cruz, por un monto de RD$1,075,000.00, además de ser hermana de la señora Celeste Marisol Jimenez Cruz, esposa del imputado.
En el caso de Ángel Rondón, señala que la constructora Odebrecht le pagaba el 2% del valor de cada obra conseguida como soborno, cuyo pagos, según Vasconcelos Cruz, se realizaban a las empresas Lashan Corp. Y Conamsa Internacional, ambas propiedad de Rondón .
Sobre Andrés Bautista, destaca la solicitud de apertura a juicio, que no figuraba en la solicitud de medida de coerción que el imputado introdujo RD$1,800,000,000 al sistema bancario nacional entre los años 2002 y 2017.
Señala que cmo mecanismo de lavar el dinero de origen ilícito el imputado Andrés García procedió a adquirir 32 inmuebles y su esposa Nuris del Carmen Taveras Taveras consciente que se trataba de dinero ilícito permitió poner a su nombre la cantidad de 19 inmuebles.