Fondo y forma
De entrada, todo el que se respete y quiera lo mejor para su país, tiene que estar de acuerdo con todo esfuerzo serio por atajar y sancionar el mal ancestral de la corrupción. Pero toda iniciativa en esa dirección –sea oficial o promovida por la oposición de cualquier matiz– no puede ser el producto de una moda, de una apuesta al descrédito con la mera intención de ocupar los espacios que se les pudieran cerrar a otros. Y ojo avizor: recordemos que hay una corriente internacional de “judialización“de la política, con miras a jugar al descrédito y a que ningún Presidente democrático salga bien parado, por más bien que haya querido hacer las cosas. De ese línea de “judializar” la política, se ha ido pasando a la practica –perniciosa y poco seria– de politizar la corrupción, afectando sin razones o sustentos sólidos a figuras como Dilma y Lula, en Brasil, y apuntando a otras imágenes y cabezas, como la de Correa, del Ecuador, entre otras. Lo mal hecho debe evitarse y sancionarse siempre, pero a partir del fortalecimiento permanente de los controles administrativos y de la designación de vigilantes éticos y responsables que, por sus prendas como servidores, no sean selectivos ni circunstan- ciales en el proceder. De ahí que, para de trillar el camino de la cultura del fortalecimiento institucional que el país necesita, esos funcionarios encargados de hacer cumplir nuestras normas y leyes tienen ya claro, bien claro, que con los eventuales sancionables hay que agotar todos los procedimientos legales, garantizarles el precepto constitucional de la presunción de inocencia y, por demás, que sus casos deben ser decididos y ventilados en los tribunales judiciales, no en los paredones mediáticos que buscan asesinar reputaciones en la opinión pública antes de que se tenga una sentencia, en la dirección que sea. ¿A cuántas esposas, hijos, nietos o ancianos relacionados no le han quitado la paz y parte de la vida familiar, muchas veces por esas precipitadas e irresponsables prácticas? Hasta titulares de periódicos muchas veces presentan como culpables a personas sobre las que todavía un juez no ha dictado una sentencia definitiva (¿). Sobre los 14 encartados de inicio en el caso Odebrecht, donde el Procurador dijo que “estaban los que eran” y que “eran los que estaban”, al final se sacó a ocho (tres votos en el CC del PLD) por pocas pruebas. Si esto se ve antes, no se les mete y se les hace un daño que ahora nadie le repara a ninguno de los afectados. Si “estaban todos”, ¿cómo es que después aparece y se mete con unos “cheles” a Chu Vásquez, del PRM? Vale el precedente, pero con quien de verdad lo merezca. Con FélixEU, la coincidencia de ahora sorprende.