Odebrecht se burló del país
La firma brasileña Odebrecht, y sus ejecutivos, que confesó haber establecido una mafia para pagar sobornos en la República Dominicana durante 14 años y adjudicarse obras multimillonarias sobrevaluadas, en combinación con funcionarios corruptos, se ha burlado de nuestro país. Sigue trabajando como si no hubiera pasado absolutamente nada, habiendo logrado impunidad total para sus ejecutivos sin aportar desde Brasil nada nuevo que ya no se supiera hace año y medio, en el expediente acusatorio instrumentado por la Procuraduría General de la República contra siete imputados.
El 19 de abril del 2017 la Procuraduría General de la República suscribió un ‘acuerdo’ con la empresa brasileña Odebrecht mediante el cual renunció a perseguir a sus ejecutivos (comprometidos en graves crímenes en la República Dominicana) a cambio y en procura de obtener de ellos testimonios y evidencias claves que permitieran encausar y condenar a los exfuncionarios y legisladores imputados localmente.
En aquella oportunidad se le dijo al pueblo dominicano que ese acuerdo con Odebrecht era clave para el juicio penal. Esa versión se le llevó al poder judicial procurando la homologación del mismo al siguiente tenor:
“Como puede apreciarse, honorable Magistrado, existe el compromiso formal de ODEBRECHT, S.A. de suministrar información puntual y de trascendental importancia para el esclarecimiento de hechos particularmente relevantes para la República Dominicana, como en efecto lo son la identificación de los funcionarios públicos sobornados, sus cómplices y las circunstancias que rodearon dichos sobornos...
Es evidente que este compromiso de proveer información satisface con creces el primer presupuesto establecido en el indicado artículo 370.6, pues resulta axiomático que para el Estado dominicano es mucho más importante determinar las implicaciones locales de la estructura de sobornos ejecutada por ODEBRECHT, S.A. y la identificación de los sobornados y sus cómplices, sobre todo considerando que la “proscripción de la corrupción administrativa” es un objetivo pautado por el artículo 146 de nuestra Carta Magna.
Este acuerdo de entrega de información concreta y relevante demuestra de más que para tomar la decisión de solicitar la autorización para aplicar un criterio de oportunidad a la imputada ODEBRECHT, S.A., esta Procuraduría ha tomado en cuenta razones objetivas y racionales, tal y como lo exige la norma.”
Sucede que en la presentación de la acusación que hiciera el ministerio público se puede comprobar que los hombres claves ejecutivos de Odebrecht, que produjeron delaciones premiadas ante la justicia brasileña, Marcos Vasconcelos Cruz, Luis Eduardo da Rocha y Fernando Migliaccio, no figuran entre la lista de testigos propuestos por la acusación pública, lo que significa en términos llanos y técnicos-jurídicos, que ninguna de sus delaciones unilaterales hechas en Brasil podrá ser válidamente incorporada al proceso como prueba contra ninguno de los imputados del Caso Odebrecht.
Es más que evidente que la acusación pública se cuidó de no presentar estos testigos claves del Caso Odebrecht, puesto que en estrado podían ser cuestionados por las diferentes barras de la defensa sobre la realidad o no de los pagos por sobornos y sobre aspectos que no serían del agrado oficial. La presencia de ellos en la Suprema en juicio televisado respondiendo preguntas, podía resultar una bomba atómica, por cuyo peligro prefirieron prescindir de esa posibilidad.
Sin embargo, al excluir a los testigos claves del proceso de soborno, se expone el expediente a chocar de frente con la normativa del Código Procesal Penal y las garantías procesales establecidas en la Constitución que no permitirán a ningún juez de la República Dominicana admitir como prueba acusatoria documentos unilaterales producidos en el extranjero, sin que los llamados delatores premiados puedan ser interrogados en un juicio justo que salvaguarde el debido proceso y el derecho de defensa.
En mi opinión, sin la presencia de Marco Vasconcelos Cruz, Luis Eduardo da Rocha y Fernando Migliaccio en audiencia preliminar y juicio, el proceso de sobornos de Odebrecht caerá irremisiblemente y se convertirá en un juicio sobre violación a la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio de los Funcionarios Públicos y a meras elucubraciones e inferencias sobre enriquecimiento patrimonial injustificado.
Odebrecht nos saca la lengua como país, se burla; ya que, no solo no cumplió con sus obligaciones para sustentar el juicio penal, sino que, además, ha conseguido que el Estado dominicano no reclame tampoco indemnizaciones civiles ni daños y perjuicios por los graves crímenes cometidos durante 14 años. Eso explica por qué el Estado dominicano no se ha constituido en actor civil contra la empresa brasileña Odebrecht.