CONTRA LA LIBERTAD, NADIE
El derecho a estar informado es inalienable en todos los pueblos que viven en democracia y libertad. Quienes intenten conculcarlos, merecen ser denunciados y puestos en su lugar. Quien no acabe de entender que ocupar una posición como funcionario estatal no es un mandato para que el nombrado se convierta en “Ley, batuta y Constitución” para disponer a su antojo cuanto le plazca, debe ceder su posición y montar un negocio privado, para que reine sobre quienes se subordinen.
Ese zapato le calza perfectamente al actual director del Hospital Infantil “Robert Reid Cabral” –antiguo Angelita-, el señor Ricardo Elías Melgen, quien se ha atrevido a “disponer” que ningún empleado, de cualquier área, responda preguntas de los reporteros sobre asuntos de ese centro asistencial. En otras palabras: El director no quiere que el pueblo dominicano sepa la verdad de la situación de ese hospital y en cambio se trague las “notas de prensa” emanadas con su anuencia. Pues mire usted que no.
Sin libertad de expresión no hay libertad de prensa y sin libertad de prensa tampoco hay democracia. Y resulta que pocos en este país están dispuestos a aceptar que perezca la democracia para proteger caprichos o privilegios. LISTÍN DIARIO condena de la manera más enérgica y firme ese intento de cercenar la divulgación de informaciones ciertas y comprobadas sobre lo que ocurre en los hospitales del Estado y defiende el derecho de todos sus empleados de hablar con los reporteros y hacer opinión pública. Más aun, si una persona es director de un hospital público debe saber –y sobre todo respetar- el derecho constitucional de informar y ser informado, sin censura, porque allí se manejan servicios vitales que paga el ciudadano con sus impuestos.
Reconforta saber que la disposición del director del Robert Reid imponiendo una mordaza llegó primero a los medios que a “todo el personal” y su publicación fue inmediata, lo que indica que ni empleados, ni gremios, ni medios están en disposición de dejarse arrebatar ese derecho.
Corresponde al ministro de Salud, Rafael Sánchez, y al director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa, revocar ese absurdo de forma inmediata y por escrito, por ilegal e inconstitucional, pues de lo contrario habría que interpretar que ambos la comparten y nos negamos a creer que así sea.