JUECES, FISCALES Y JUSTICIA
La primera semana de julio de 2018 ha comenzado muy movida porque en los prolegómenos del juicio para ponderar los méritos de la acusación a un grupo de exfuncionarios, exlegisladores y un senador por los sobornos de Odebrecht, actores principales del proceso han entrado en una confrontación pública.
Todo comenzó cuando tras la fijación de la audiencia preliminar por el juez de instrucción especial del caso, Francisco Ortega Polanco, designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, tres de los acusados incoaron acciones tendentes a que otro magistrado conociera el expediente.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, hizo la advertencia de que los recursos de los imputados en realidad eran maniobras tendentes a lograr que un juez diferente al magistrado Ortega Polanco, conociera el expediente. Esa exposición de la dirección del PEPCA provocó una carta de la jueza Miriam Germán Brito, pidiendo al presidente de la Suprema Corte que se pronuncie ante lo que consideró “una falta de respeto” del ministerio público hacia todos los jueces de ese tribunal. La respuesta del presidente de la Suprema, Mariano Germán Mejía, repartida en partes iguales para Guerrero Pelletier y Germán Brito, fue tajante al decir que se trató de “dos acciones atrevidas” y agregó que nadie tiene que trazarle pautas y que tampoco las acepta.
“El ministerio público no tiene por qué entrometerse en las acciones del Poder Judicial ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar”, puntualizó Germán Mejía, para no dejar dudas de quién decide los procedimientos.
Esta confrontación pública de los dos principales componentes de los tribunales –jueces y fiscales- revela un marcado interés por defender sus espacios y roles, lo que bien entendido puede constituir una reafirmación de independencia a todos los niveles.
Conviene al país que tanto el ministerio público como la judicatura, asuman sus funciones con profesionalidad, con ética, con respeto, para que de este, como de todos los expedientes, salgan sentencias apegadas al derecho y al debido proceso.
Ojalá que la confrontación pública haya terminado y que en el escándalo de sobornos de Odebrecht, como en cualquier otro caso, las conclusiones de los tribunales hablen por sí solas.