JURISTAS CRITICAN LA CENSURA PREVIA Y LOS MONOPOLIOS
+13A
Dos abogados extranjeros afirmaron ayer que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y crear las condiciones que permitan un adecuado ejercicio de esa prerrogativa, partiendo de que en el marco del derecho y los estándares internacionales, la libertad de expresión es la regla y las limitaciones la excepción.
Basado en los estándares internacionales, Joan Barata, de España, y Damián Loreti, de Argentina, plantearon que no debe haber censura previa, solo responsabilidades ulteriores, ni monopolios públicos ni privados, ni ninguna otra herramienta destinada a obstaculizar la libre circulación de informaciones e ideas.
Coincidieron en asegurar que las regulaciones no hay que cambiarlas porque varíe la tecnología, pues entienden que el internet es solo una plataforma, no un medio de comunicación. Enfatizan que lo que hay que regular es el tipo de servicio que se preste.
Los abogados Barata y Loreti fueron entrevistados durante una visita que hicieron a Listín Diario, acompañados de la abogada Ana Carolina Blanco, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
Los profesionales del derecho vinieron a República Dominicana para participar como expositores en el seminario “La Libertad de expresión en la era digital: retos, amenazas y límites”, que celebran del 4 al 6 de julio Funglode y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal).
Barata es doctor en derecho por la Universidad de Barcelona y socio fundador de CommVisions; y Loreti, abogado y doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Barata sostuvo que de acuerdo con los estándares internacionales, el Estado tiene una obligación positiva de regular, a fin de crear las condiciones que permitan un adecuado ejercicio de la libertad de expresión.
Precisó que esa regulación debe ser adecuada, evitando poner restricciones que sean desproporcionadas, pero entendiendo que el papel de los estados también consiste en establecer un marco legislativo claro, preciso y adecuado.
Señaló que ese marco legislativo debe estar ajustado a la realidad tecnológica que permita el ejercicio de la libertad de expresión y facilite la dimensión no solo individual, que se manifiesta en el derecho como persona a expresarse, sino colectiva, que se expresa en el derecho conjunto de los ciudadanos a ser correctamente informados y la existencia de un espacio mediático que sea plural.
“Tan peligrosa es la dominación por parte del Estado del discurso público, como la existencia de monopolios, de concentraciones de poder excesiva, digamos, en manos privados, y eso el artículo 13 de la Convención Americana lo dice muy claro”, subrayó.
Expuso que el terreno más complicado en el tema de las restricciones es la cuestión de los contenidos, en el que dice hay que ser más cautelosos y hay que solamente introducir las restricciones que sean necesarias para proteger los principios y derechos reconocidos en el derecho internacional como causas legitimas en determinados casos y circunstancias. Señaló que el derecho a la intimidad es uno de los que pueden justificar en alguna ocasión, no siempre, la modulación del ejercicio de la libertad de expresión.
De su lado, Loreti explicó que la importancia de hablar de estándares internacionales radica en que son las interpretaciones que los sistemas de derechos humanos hacen sobre la propia convención en materia de libertad de expresión. “Cuando se habla de que es aquello que los estados deben remover como obstáculos o fijar como legislación, la guía a seguir son los estándares, porque la letra tiene una interpretación por parte de los órganos de aplicación”, precisó.
En ese sentido, planteó que en términos del sistema interamericano, hay dos matrices importantes. Detalló que una que tiene que ver con la doctrina clásica de libertad de expresión, la protección contra la censura, la integridad de los periodistas y la faceta más histórica, que, según precisó, es que el Estado no arremeta contra el ejercicio de la labor pública, tanto en medios reglamentados, como en el uso del espacio público.
La otra matriz, puntualizó, es la nueva agenda de soporte, de sujetos y de temas, concerniente al derecho a la verdad, el acceso a la información pública, publicidad oficial, y el tratamiento de las responsabilidades en un mundo que ha cambiado, que multiplica la cantidad de voceros y de soportes.
Argumentó que se trata de la incorporación paulatina de una nueva agenda, que tiene que ver con nuevos actores, intermediarios de internet, dirigentes sindicales o de trabajadores cancelados por su ejercicio de expresión.