Las invasiones ilegales afectan clima inversión
EMPRESARIOS RECLAMAN ACCIONES PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN
(+) En las últimas semanas se han denunciado diferentes casos de ocupaciones ilegales en terrenos agrícolas y ganaderos en Monseñor Nouel y La Altagracia.
Las frecuentes invasiones de terrenos agrícolas y ganaderos y la ocupación ilegal de propiedades urbanas constituyen una seria violación del derecho de propiedad privada y una permanente amenaza a la estabilidad social del país, argumentaron ciudadanos, empresarios y profesionales consultados por este diario.
Indicaron que las actuaciones de lo que la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, llama acertadamente ‘mafias’ que actúan sin autorización legal para producir desalojos no autorizados por una autoridad competente, constituyen una práctica que debe ser eliminada porque esas actuaciones podrían crear confusiones que de hecho protejan a grupos de intrusos que ocupan ilegalmente terrenos y locales por años, provocando con ello la ruina de familias y negocios legalmente establecidos.
Dijeron, sin embargo, que los desalojos que cumplen con todos los requisitos de las leyes y que son autorizados por autoridad competente una vez llenados todos los procedimientos del caso, “deben ser garantizados, porque con ello se protegen derechos legítimos claramente definidos en la Constitución y las leyes dominicanas”.
Indicaron que, por esa razón, reciben con beneplácito la decisión anunciada por la Fiscalía del Distrito, de actuar enérgicamente contra esas bandas mafiosas, lo que a su vez significa la protección del derecho legítimo de propiedad.
Muchas de las propiedades invadidas son usufructuadas por años sin derecho alguno por ocupantes, en perjuicio de sus legítimos propietarios, retardando en muchos casos grandes proyectos inmobiliarios y empresas de innovación agrícola y ganadera.
En algunos casos la ocupación ilegal de terrenos en ciudades como Santo Domingo y Santiago, dilatan importantes inversiones en bienes raíces y se han dado casos en que el deterioro urbano, que con el tiempo esas invasiones generan, terminan depreciando el valor de los proyectos y de la propiedad misma. Personas consultadas al respecto dijeron que ven con simpatía las declaraciones de la fiscal Reynoso de asumir acciones para castigar e impedir el usufructo ilegal de propiedad ajena, pero dijeron que el derecho del uso ordenado y debidamente autorizado de la fuerza pública debe ser protegido y garantizado en los casos en que se cumplan todos los procedimientos que las leyes del país establecen en situaciones justificadas.